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por Nelson Gustavo Specchia
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máxima instancia de la aún incipiente legalidad mundial, acaba de emitir su fallo, su juicio sobre la secesión de la provincia de Kosovo, que se desgajara el 17 de febrero de 2008 del Estado de Serbia, generando un nuevo país con las fronteras dibujadas según las diferencias étnicas y religiosas.
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Por entonces, escribimos que el plan norteamericano de secesión de los serbios kosovares nos parecía políticamente imprudente y jurídicamente violatorio de la legalidad internacional. Creíamos –y seguimos creyendo- que estas maneras autoritarias de “cortar por lo sano” en los conflictos étnicos o raciales al interior de los países no aseguran la estabilidad ni la paz en el mediano plazo. También reflexionábamos entonces que permitir la declaración unilateral de la independencia de Kosovo podía actuar de disparador de otras reivindicaciones secesionistas en el mundo, desde el País Vasco a Abjazia, desde el Kurdistán a Osetia del Sur. Acaso no sea tan desquiciado pensar –escribíamos- en una argumentación, en el futuro, de los malvinenses en ese mismo sentido.
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Pocos meses después que Kosovo declarara su independencia, creando un nuevo Estado étnico en los Balcanes, y del inmediato reconocimiento de Washington y de la mayoría de sus aliados, la Rusia de Vladimir Putin y Dimitri Medvédev invadía Osetia del Sur, sumergiendo al Cáucaso en una guerra para proteger –también con criterios de etnia y raza- a una provincia culturalmente diferente del Estado de Georgia. “Si ustedes lo hacen con Kosovo –decía el presidente Medvédev- ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo con Osetia?”, al tiempo que pedía el reconocimiento de la comunidad internacional para el nuevo país bajo su protección. Daniel Ortega, de Nicaragua, y Mahmmoud Ahmadinejad, de la República Islámica de Irán, se apresuraron a emitir los correspondientes reconocimientos diplomáticos para Osetia.
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Aún así, Kosovo seguía siendo un precedente impuesto por la fuerza y el “poder duro” de la potencia militar norteamericana, no lo respaldaba la legalidad. Hasta esta semana, en que el máximo organismo judicial de las Naciones Unidas ha fallado: Kosovo no violó el derecho internacional público, su independencia se ajusta a la legalidad a la que ha llegado el mundo de nuestros días.
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Los efectos legitimantes de esta sentencia no se limitarán a los estrechos límites geográficos de la ex provincia serbia, sino que dispararán una serie de reivindicaciones nacionalistas en todas las latitudes, cuyos efectos no es fácil calcular.
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DE LA GUERRA A LA INDEPENDENCIA
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En definitiva, lo que viene a decir la Corte de Justicia de la ONU es que, frente a la alternativa de una guerra –que en el caso de los Balcanes se acercó al genocidio- es preferible separar jurídica y políticamente los territorios, creando nuevas entidades soberanas. Pero más allá de la argumentación jurídica, el fondo de la cuestión es extremadamente preocupante, porque niega la política como vehiculización y armonización de las diferencias en el seno de una misma sociedad. Y porque reinstala el conflicto en potencia, ya que empuja a la coexistencia –en obligada vecindad- de dos países soberanos que necesariamente se profesarán enemistad mutua. O sea, crea enemigos, y en el largo plazo aumenta la inestabilidad de una zona ya estructuralmente frágil.
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Un escenario de extrema fragilidad que viene, como tantas situaciones políticamente sui generis, del desmembramiento del borde oriental europeo tras la caída de la Unión Soviética. Yugoslavia, un mosaico de nacionalidades que habían sido unificadas por las brigadas patrióticas de Josip Broz, conocido como el mariscal Tito, tras las luchas contra los ejércitos invasores del Eje durante la segunda Guerra Mundial. Tito mantuvo unida Yugoslavia hasta su muerte, en 1980, pero la reunión de pueblos cultural y religiosamente enfrentados no pudo permanecer unida tras la debacle soviética. Por las grietas abiertas se coló el ultranacionalismo, y comenzaron las guerras internas y las limpiezas étnicas.
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Cuando la Unión Europea reaccionó –tarde y mal- y las tropas de la OTAN fueron a frenar lo que ya derivaba rápidamente hacia un genocidio racial, la ONU dictó la resolución 1.244, con la que puso fin a la guerra en 1999, y por la cual se garantizó la integridad de la República Federal de Yugoslavia, con capital en Belgrado. En esta entidad política, la provincia de Kosovo hace parte integrante. Sin embargo, el fallo de la CIJ reinterpreta este corpus jurídico, y según la sentencia leída ayer por su presidente, el juez japonés Hisashi Owada, Kosovo tenía poder para tomar decisiones que afectaran a su orden legal, porque esta vía era la única forma de pacificar la región. La Corte aduce, además, que cuando en 2006 se independizó Montenegro, y fue aceptado como país soberano por la comunidad internacional, la República Federal de Yugoslavia dejó de facto de existir, por lo que los kosovares podían hacer otro tanto.
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HERMANOS, VECINOS, ENEMIGOS
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La región de Kosovo está poblada, en un 90 por ciento, por integrantes de la colectividad albanesa, que reivindica su diferencia y especificidad étnica, y aduce haber sido objeto del ataque y la agresión (también por reivindicaciones étnicas) de las fuerzas serbias comandadas por Slobodan Milosevic; agresión que se saldó con aproximadamente 300.000 muertos. Con ese antecedente, aducen, es imposible reconocer ninguna autoridad serbia en este territorio, y la independencia es la única posibilidad de vida en libertad. (No dicen qué harán con la población kosovar étnicamente serbia, que se asienta principalmente en el norte de la provincia). El delegado especial de la ONU para la pacificación de la región, el finlandés Martii Ahtisaari, tras años en la zona adhirió a la postura albanokosovar: recomendó la secesión de Kosovo, y ese mismo año de 2008 le dieron el premio Nobel de la Paz.
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Pero Serbia no cree que con este camino se vaya a cimentar la paz entre ambos territorios, entre ambos colectivos sociales, y –mañana- entre ambos ejércitos. Por eso acudió a la Corte Internacional tras la declaración unilateral de la independencia fogoneada por los Estados Unidos, y denunció que Kosovo es una “parte inalienable de su territorio”; aún más: “el alma misma de la patria” (en esta tierra se dio la batalla de 1389 contra el invasor otomano, que está en el corazón nacionalista de la historia serbia). No es menor, tampoco, la proliferación de monasterios cristianos ortodoxos en Kosovo, defendidos férreamente por los serbios como parte de su cultura, frente a la adhesión musulmana de los albanokosovares.
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A pesar de que fue Serbia la que llevó el caso a la Corte Internacional, tras conocerse el fallo ha reafirmado que “nunca” reconocerá la secesión kosovar, y que el diferendo debe buscarse dentro de los límites serbios. O sea, tal como había previsto la propia resolución 1.244 de la ONU con que se terminó la guerra.
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DERECHO Y POLÍTICA
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El derecho internacional público es aún una endeble creatura, a la que hay que cuidar mucho, y cuyo poder legitimante en el concierto mundial debe ser un bien preciado y de uso cauteloso por parte de los Estados. Cuanto más grandes y poderosos, mayor responsabilidad les cabe en ello. El hecho de que no exista una autoridad policial global que intervenga coercitivamente en el aseguramiento del cumplimiento de las regulaciones judiciales transnacionales, hace que el respeto a la capacidad simbólica de declarar la legalidad o no de los hechos bajo su consideración aumente en gran medida.
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Por ello, la utilización política de la Corte Internacional de Justicia sería una pésima noticia para todos. Sin embargo el fallo conocido este jueves 22 de julio de 2010 tiene las mismas líneas divisorias de los países que –por sus propios motivos e intereses- apoyan o no la independencia de Kosovo.
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La sentencia contó con 9 votos a favor y 5 votos en contra, de los 14 jueces que conforman la Corte. A pedido de los Estados Unidos, 69 países ya han reconocido a Kosovo como un Estado independiente. Entre ellos, claro, y encabezados por Gran Bretaña, se cuentan todos los aliados y amigos de la potencia norteamericana. Pero de los 192 países que integran las Naciones Unidas, 123 no han reconocido la independencia de Kosovo; encabezados por Rusia, también China e India –e inclusive algún europeo, como España- apoyan la postura de Serbia. Y esta misma línea divisoria entre aliados y adversarios internacionales se expresó en los votos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia.
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Fallo también significa error, y el máximo tribunal de las Naciones Unidas ha cometido un error con su fallo politizado. Legitimar un Kosovo unilateralmente independiente y soberano no traerá más paz, pero sí aceitará más los canales por los que se expresa el ultranacionalismo racial, étnico o religioso de cualquier pelaje.
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nelson.specchia@gmail.com
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