Honduras, ¿últimas horas de paz?
por Nelson Gustavo Specchia
A algunas cosas nos hemos habituado rápidamente en América latina. Después de esos años terribles que cruzaron en horizontal el calendario político del siglo XX, donde el terror llegó inclusive a ser una política de Estado, la lenta y progresiva recuperación democrática de los últimos treinta años nos ha dejado en un punto donde damos por seguros algunos elementos del sistema político, como si fueran naturales, sólidos y permanentes; cuando en realidad su presencia entre nosotros ha sido excepcional en la historia, y sólo muy recientemente se han agregado como constitutivos del quehacer sociopolítico cotidiano.
La permanencia de las instituciones y de la estabilidad democrática es uno de esos elementos. Y la paz social, indisociablemente unida a él, es el otro elemento.
Honduras, en estas horas críticas, vuelve a poner en el tapete regional latinoamericano esta cuestión central. En Honduras no se juega solamente la vuelta de Mel Zelaya al ejercicio del poder ejecutivo, legal y legítimamente obtenido en elecciones democráticas. Se juega la permanencia de esos dos elementos: la continuidad de la consolidación del juego democrático en América latina, y –además- la terrible posibilidad del resurgimiento de la violencia social en un país de la región.
El anuncio del “fracaso” del diálogo por las partes hondureñas involucradas, y de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, han disparado una posibilidad que venía vislumbrándose durante los últimos días, pero de la que nadie quería dar crédito: el muy posible enfrentamiento entre el Ejército leal al gobierno de facto de Roberto Micheletti, y los colectivos sociales que insisten en su apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya.
A estas alturas, luego de la lectura de la última propuesta de Oscar Arias, y las actitudes de rechazo de ambas partes, puede objetivamente estallar una guerra civil en Honduras. Si ello finalmente ocurriera, se habría comenzado a saldar con violencia y sangre un conflicto que tuvo todas las herramientas democráticas en la mano para canalizarse
Pero esas herramientas se han ido dejando paulatinamente de lado, al tiempo que la tensión no ha dejado de crecer con cada momento. Los hondureños han vivido estas semanas entre las manifestaciones permanentes durante las horas de luz, tanto las organizadas por el gobierno de facto como por los seguidores del gobierno depuesto, y la calma impuesta por el toque de queda durante las noches.
La paciencia que pide Arias, casi en el borde de las posibilidades de su intervención, se contesta con el entusiasmo en aumento que convoca la llamada a la "insurrección" realizada por Mel Zelaya.
Y, si se da el caso, hay armas para alimentar esa insurrección: los datos oficiales reconocen que un tercio de los casi ocho millones de hondureños tienen armas en sus casas; y las que no se registran serían muchas más. Cuando estuve trabajando en el interior de Honduras, en misiones de cooperación internacional, nunca dejaban de sorprenderme algunos carteles en los bares y restaurants de provincia: “Prohibido ingresar con armas a la vista”. Y luego están las Fuerzas Armadas, armadas literalmente. Y los grupos y bandas mafiosas, tan crecidas últimamente, que aportarían un porcentaje considerable de armas modernas y de alto poder de fuego en manos de civiles. Por lo que podemos considerar, en cuanto a capacidades, que Honduras es un Estado armado.
Oscar Arias ha trabajado intensamente en las últimas horas para intentar desbloquear la crisis, pero su margen de maniobra se achica ante la negativa rotunda de la delegación del gobierno de facto de reponer a Zelaya, que es el punto central de desencuentro. El gobierno interino de Micheletti ha anunciado que no aceptará ningún documento que incluya la restitución del depuesto presidente, y la segunda ronda de negociaciones en Costa Rica finalizó el domingo sin acuerdos.
Mientras tanto, la administración de facto de Honduras dio el martes 21 un plazo de 72 horas a los diplomáticos venezolanos para abandonar el país, basando su decisión en la supuesta intervención de funcionarios de esa legación en la actual crisis. También llegó a afirmar que el trabajo del mediador Arias constituía una intromisión impropia en los asuntos internos de Honduras. Y una actitud similar se perfila en las respuestas a las presiones que están ejerciendo las diplomacias norteamericanas y de la Unión Europea, con las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y de la comisaria europea de política exterior, Benita Ferrero-Walder. Con estas posturas y decisiones de política internacional, el gobierno interino hondureño está dando elementos para la regionalización del conflicto.
Tras el rechazo de la delegación de Roberto Micheletti, Arias hizo un último intento, y presentó en la noche del miércoles 22 la Declaración de San José, en la que plantea la instauración de un gobierno "de reconciliación" liderado por Zelaya (inclusive propone una fecha concreta para su retorno al país: el viernes 24 de julio), una amnistía general, y la renuncia a cualquier consulta popular para reformar la constitución.
Es el último intento para evitar que la presión acumulada en Honduras entre ambos grupos sociales se desborde por la propia radicalización.
La convivencia política y la paz social son el telón de este escenario. La proyección de ambos hacia el resto de América latina, el horizonte de futuro.
