HOY DÍA CÓRDOBA – columna “Periscopio” – viernes 15 de junio de 2012.
Vergüenza judicial y política
por Nelson Gustavo Specchia
En los momentos de crisis política no sólo se ponen a prueba la solidez de las instituciones del país, sino también el temperamento de su clase dirigente. Y Europa tiene sobre ello profundas experiencias, especialmente en la más grande coyuntura problemática de su historia contemporánea, como fue la salida de la segunda Guerra Mundial y la reconstrucción del continente para una era de paz. Entonces, fue la generosidad, el altruismo y la largueza de miras de sus principales referentes políticos las que permitieron el inicio del proceso de integración (que, por sobre todo, implicaba una gradual cesión de soberanía nacional de cada país que ingresaba al proyecto) y la efectiva construcción del más prolongado período de relaciones pacíficas y complementarias en un territorio que desde siempre fue escenario de conflicto.
Pero la paz social y la bonanza económica de medio siglo de crecimiento y sostenido desarrollo en el Viejo Continente han debilitado aquel conjunto de premisas, y por lo que estamos viendo en estos días, también la actitud de su clase dirigente. Ante un nuevo período crítico –de momento, limitado a la faz económica- la élite política europea está reaccionando en una doble dirección: la de protegerse a sí misma y la de “salvarse” en forma aislada, aunque el costo de esas salidas incluya deshacer las bases del Estado de Bienestar y las del propio proceso de integración que ha habilitado el largo medio siglo de paz europea.
La llegada de François Hollande al gobierno francés, y la posible victoria de Alexis Tsipras al frente del partido Syriza en Grecia este fin de semana, apenas alcanzan a atenuar el discurso único en el que se ha enrocado la clase política europea, unificada en tonos ideológicos conservadores y comandada por el peso económico de la canciller alemana Ángela Merkel.
Y en ese entorno de cortedad de objetivos grupales y de egoísmo personal en las posiciones de los dirigentes, España sobresale entre todos los países europeos, superando inclusive a otros casos paradigmáticos de escándalo político –como la operística Italia- con el denominado “Caso Dívar”: un representante destacado en la administración del Estado, primera figura de la más alta institución judicial, envuelto en un turbio asunto de utilización de fondos públicos para pagarse gastos privados, que se niega a dar cuentas o a renunciar a sus fueros, reposando sobre la seguridad de que la clase política que integra lo apañará y lo terminará exculpando.
LOBOS Y CORDEROS
El movimiento de los “indignados” del 15-M español ha intentado denunciar y enfrentarse precisamente a esta manera de entender la gestión pública por parte de una casta dirigencial que, a mucha distancia de aquel sentido de Estado que permitió la salida y la transición de la posguerra, asume las candidaturas y los cargos públicos con el patrimonialismo de un coto de caza. Modificando la letra de una popular copla, con todo el garbo andaluz los jóvenes del 15-M cantan en Sevilla: “nos venden a las empresas / don Botín es el patrón / han ‘salváo’ los grandes bancos / y toda la culpa es pá’ti / esta democracia da pena, pena / todos juntos hoy en pie / ¡ya está bien, ya está bien / de tanta penita, pena...!”
Frente a estas mayorías de desencantados, sin embargo, los lobos no temen y ni amagan con acusar el golpe de advertencia. El “Caso Dívar” es ejemplar porque alcanza por igual a las dos puntas del arco político español, o sea, a todo el sistema. Carlos Dívar es un político y un juez conservador, tradicionalista y católico, pero que se convirtió en la más alta autoridad judicial española –presidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente del Consejo General del Poder Judicial- por un acuerdo alcanzado en 2008 entre la derecha del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE), que incluyó en su momento el respaldo personal del ex presidente del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero. Ahora, el juez denunciado por sus propios pares por haber realizado más de treinta viajes privados a las costas de Marbella, alojándose y cenando con un acompañante en los hoteles y restaurantes más exclusivos y cargando esos gastos a las cuentas públicas, apela a sus colegas en el gobierno para que lo defiendan. Y el sentido de pertenencia de la manada del poder puede más que las evidencias de cohecho y de bochorno.
Para que el ejemplo del “Caso Dívar” sea aún más denotativo de la crisis estructural por la que atraviesa la clase política, a la vergüenza se le suma la hipocresía. Cuando el alto juez conoció la denuncia de sus pares por los gastos espurios cargados a las cuentas oficiales, dijo, despreciativo, que se trataba “de una miseria” de euros, aunque cada fin de semana de cuatro o cinco días en las exclusivas playas mediterráneas representaran una suma equivalente a varios salarios mínimos.
Los contactos políticos del juez empujaron a que la Fiscalía desechara la denuncia, y procediera a archivarla en tiempo record. Pero la presión popular y la investigación periodística han seguido adelante, y en medio de ella apareció la hipocresía de los que se consideran a sí mismos fuera del tratamiento de los comunes. El juez, de opiniones y posturas tradicionalistas respecto a las opciones y a las conductas sexuales, claramente homófobo, habría malgastado aquellas asignaciones oficiales en cenas en Puerto Banús con su asistente personal desde hace más de quince años, Jerónimo Escorial, a quién lo une una relación íntima.
MÁS ALLÁ DEL DELITO
Ante la presión social, los compañeros de ruta del jefe del Poder Judicial se han visto obligados a ofrecer algunas concesiones. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, ha aceptado finalmente la petición de la oposición y permitirá que Carlos Dívar se presente ante los legisladores para ser interpelado; aunque –en el modo confuso que el presidente Mariano Rajoy y su bancada están convirtiendo en estilo de comunicación- se han negado a fijar una fecha concreta para esa rendición de cuentas.
Por su parte, Dívar sigue insistiendo en que él no tiene ninguna cuenta ni ninguna explicación que dar a nadie, y que ni se le cruza por la cabeza renunciar a su cargo. Un puesto que, además de las opulentas y caras cenas en Marbella a la luz de las velas, supone asignaciones anuales del orden de los cien mil euros, autos oficiales, escoltas y un largo etcétera de beneficios.
Más allá de la cuestión de si haber pagado gastos privados con dinero público constituye delito o no, si finalmente el “Caso Dívar” logra sortear los tribunales, la distancia que separa a la clase política española del resto de la sociedad aumentará de manera considerable. En el ámbito jurídico, el de preservación de los derechos, el símbolo de su trato excepcional no sólo impactará al orden institucional, sino también a la ética pública y, por ello, al estado de ánimo de una sociedad ya de por sí deprimida.
El próximo lunes está prevista una visita del jefe del Estado, el rey Juan Carlos, al Consejo del Poder Judicial; si para entonces Carlos Dívar permanece en su cargo y recibe al rey envuelto en su toga negra y en todos los privilegios que le están permitiendo esquivar el trato de un ciudadano común, la imagen que la élite política trasmitirá –y justo en un pico de tensión de la crisis económica- será lamentable.
En momentos de crisis se ponen a prueba las instituciones y sus representantes. Si España muestra estas condiciones, que no sorprenda luego que el riesgo país siga subiendo y que no alcance rescate europeo alguno para devolver la confianza en el sistema. Como dice la copla, da pena. Penita, pena.
Twitter: @nspecchia
