LOS ENREDOS DE LA NUEVA BOLIVIA
por Nelson G. Specchia
Bolivia, finalmente, tiene una nueva Constitución, en la que el movimiento encabezado por Evo Morales espera asentar la fundación de un nuevo Estado, dejando atrás los resabios del colonialismo feudal agrario y minero. Entre gallos y medianoche, el pasado domingo 25 de noviembre, la Asamblea Constituyente aprobó, a libro cerrado, el índice de la nueva Carta Magna. Pero, lejos de concluir con este acto un proceso tortuoso, los interrogantes y los imprevisibles escenarios de futuro que se abren en el proceso político boliviano siguen siendo alarmantes.
El prolongado derrotero de la Constitución se arrastra desde la década pasada: en 1990 los indígenas del Oriente boliviano piden la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Ese petitorio fue leudando durante diez años, extendiéndose en cada vez más amplios sectores campesinos, hasta hacer eclosión en el 2003, cuando tomó fuerza de la mano de la nacionalización de los recursos petrolíferos y gasíferos. Finalmente, el Congreso Nacional convocó a la formación de una Asamblea en marzo de 2006, y en agosto del año pasado comenzaron las sesiones.
Las elecciones de representantes a la Asamblea le otorgó una mayoría de votos al Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, que consiguió ocupar 138 de los 255 escaños: una mayoría suficiente, pero estuvo lejos de tener en su mano los dos tercios estipulados para aprobar cada reforma. La derecha opositora al gobierno, nucleada en el partido Poder Democrático y Social (PODEMOS) del ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, obtuvo 60 escaños, que, unidos a los 18 escaños del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y a los 27 asientos distribuidos entre los cuatro partidos menores, han obstaculizado sistemáticamente, durante más de un año, el avance de la redacción constitucional.
Al reclamo de capitalidad total de Sucre (es la capital oficial del país, pero dejó de ser la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativos en 1899, cuando la aristocracia dueña de las minas de plata tuvo que ceder la primacía económica a las nuevas elites del estaño, y la vida política se trasladó a La Paz), se sumaron los reavivados impulsos secesionistas de las provincias ricas del oriente boliviano (especialmente Santa Cruz de la Sierra y el Beni), con el apoyo de otras regiones opositoras como Tarija y Pando.
A estas agendas de reivindicaciones geográficas y regionales, hubieron de sumarse también las diferencias radicales de concepción del Estado sostenidas por los constituyentes indígenas, provenientes de entornos campesinos, y los representantes de extracción urbana, mayoritariamente de clases medias. Estos últimos han supuesto un auténtico freno al modelo de un nacionalismo populista, multiétnico, y redistribuidor, impulsado por Evo Morales.
En una demostración de fuerza, y luego de que la parálisis a la que había empujado el virtual empate en la Constituyente estuviera peligrosamente cerca del desastre, el gobierno convocó a sus diputados en un predio militar cercano a Sucre, decidió dejar de lado los dos tercios de votos estipulados para las modificaciones, y utilizando su mayoría aprobó la Constitución a libro cerrado. La oposición, en bloque, ha censurado la metodología, desconoce el texto aprobado, y asegura resistir. El “Comité Cívico” –que agrupa a la oposición- se ha convocado en Santa Cruz, mientras que la violencia no deja de aumentar entre los partidarios y los detractores de la nueva Carta Magna, que supone una “refundación nacional” de Bolivia.
Los ejes de esa refundación pasan por la creación, con rango constitucional, del “Poder Social”, a ser integrado por representantes de los distintos movimientos sociales, y que se supone como un mecanismo de control político sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En lo que respecta al Judicial, la nueva Constitución admite el “pluralismo jurídico”, dando pie a la equiparación de las metodologías y prácticas de justicia indígena, con las del estado occidental moderno. La redistribución de la riqueza –especialmente la proveniente de los hidrocarburos- y la autogestión, el autogobierno, y la autodeterminación, resultantes de los derechos colectivos de identidad cultural, completan el marco regulatorio de la nueva ley fundamental.
Desde su convocatoria por el Congreso, la Asamblea Constituyente ha estado inmersa en una espiral de violencia. La aprobación a libro cerrado de su índice, esta semana, ha arrojado muertos de bala y linchamientos. Los representantes gubernamentales, como el vicepresidente Álvaro García Linera, afirman que en el fondo de la cuestión hay un intento golpista para aislar a Evo Morales del poder, y terminar con el proceso de reformas por él encabezado. En este sentido, han afirmado que la Convención no seguirá sesionando en Sucre, y será trasladada.
Queda por saber si con el traslado geográfico de la Asamblea, o con la aprobación del texto constitucional por parte de los diputados del gobierno, en soledad, Morales logrará finalmente imponer su visión del futuro de Bolivia. O si para que tal cosa prospere, ha de reconstruir, inexorablemente, una nueva base de consenso.
La salida pactada parece ser la única alternativa a la violencia creciente en la nueva Bolivia.
