Hoy Día Córdoba – Periscopio – Magazine – viernes 10 de febrero de 2012
Garzón, condenado
por Nelson Gustavo Specchia
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España vivió un acelerado proceso de modernización, especialmente motorizado por la inclusión del país en el proceso de integración europea, apenas unos días más tarde de que sepultaran al generalísimo Francisco Franco bajo una losa de varias toneladas en el Valle de los Caídos, esa megalómana abadía horadada en la montaña madrileña.
Era un proceso acelerado que enviaba señales de “normalización”: España abandonaba el aislamiento particular que había mantenido durante cuatro décadas, de ser una dictadura filofascista de partido único y libertades restringidas, para recomponer su estatus democrático a tono con los tiempos y con el entorno geográfico y cultural europeo. Esas señales comenzaron con cierta debilidad durante la primera transición, con personajes cercanos al propio régimen dictatorial, cuando Adolfo Suárez presidía el gobierno, e inclusive tuvieron sus intentos de vuelta atrás, como el conato de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981; “el Tejerazo” sólo se frenó con la comparecencia del rey Juan Carlos por la televisión, con el uniforme de Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, para ratificar el compromiso de la Monarquía con la democracia recién recuperada.
Pero luego de estos primeros momentos, las señales de modernización y de europeización de España adquirieron un ritmo sostenido. Felipe González, a pesar de toda la prédica socialista, una vez que se hizo cargo del gobierno metió a la península en la OTAN; los fondos de compensación desde Bruselas hacia Madrid implicaron una revolución en infraestructuras, que la dictadura había olvidado en condiciones medievales; la “movida” cultural, con el “destape” en las películas y en las playas del mediterráneo; la “ruta del bacalao” en las discos de las grandes ciudades y de las costas del sur; y el abordaje de la memoria reciente desde la literatura (los últimos años de la República, la Guerra Civil, la Victoria de los Nacionales y los largos años del franquismo se multiplicaban por docenas en novelas y ensayos); fueron todas señales auspiciosas de un cambio de ciclo. La imagen internacional de España se recuperaba a pasos rápidos, y las heridas –las tremendas heridas de medio siglo- se dejaban al borde del camino. Tan raudo era ese proceso de modernización, tan grande era la necesidad de llegar pronto a Europa, que las deudas sociales con aquellas generaciones enteras de víctimas y de vencidos se aplazaron sine die.
Pero aquellas señales eran engañosas, y aquello de echar un manto sobre los crímenes del franquismo y las cuatro décadas de represalias contra los vencidos, terminó siendo una mala decisión. Ha tenido que aparecer la sentencia contra el juez Baltasar Garzón, esta semana, para que se haga completamente evidente que España no podrá meter debajo de la alfombra su pasado inmediato, ese medio siglo trágico que la cortó en dos partes, y que no habrá atajos hacia la modernidad ni hacia la europeización que le eviten el tormento de mirarse al espejo, asumir las culpas y las deudas. Antes o después, pero tendrá que hacerlo.
CARA DE CHIVO (EXPIATORIO)
Baltasar Garzón ha sido un personaje polémico. Pero el fallo –votado por unanimidad por los jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo español- que lo expulsa de la carrera judicial y lo condena a 11 años de inhabilitación, tiene todas las características de una venganza y de un aviso. La venganza de una corporación imbuida de un tinte ideológico conservador y afín al núcleo central de la etapa franquista, contra uno de sus miembros, un díscolo que no aceptó el statu quo obligatorio sobre el pasado político pactado durante la Transición. Y de un aviso para navegantes: quién ose levantar la tapa de la caja de los truenos y revolver las cenizas del pasado, será castigado con todo el peso de la espada, ese grueso filo que la imagen de la corporación judicial blande en su mano derecha (una imagen, dicho sea de paso, con la cual los semiólogos pueden hacerse todo un festín).
Con tres juicios abiertos, la primera sentencia dictada contra Garzón esta semana marca cuál va a ser la tónica de las demás. En ésta, los jueces que juzgaron a su díscolo compañero no tuvieron empacho en dar vuelta los roles, y aceptar por buenos los reclamos de Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos jefes mafiosos de la trama corrupta denominada “Gürtel”, vinculada al financiamiento ilegal del Partido Popular, actualmente en el gobierno de la península. Garzón ordenó, durante la instrucción del caso contra la mafia del Gürtel, las escuchas telefónicas entre los presos y sus abogados, de quienes sospechaba estaban colaborando con una millonaria huída de divisas producto de las operaciones ilegales de sus clientes, los capos de la mafia. Esta resolución, que los propios fiscales del Tribunal Supremo, Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, defienden por proporcionada con la gravedad de los delitos, acaba de ser censurada por el Supremo con epítetos tales como “monstruosa”, “infamante”, “injusta”, o “barbaridad inconstitucional”.
A pesar de que, a todas luces, la cara del ahora inhabilitado juez sea la máscara del chivo expiatorio, la lectura del fallo deja claro cuál es la intención perseguida por la corporación judicial en el caso contra Baltasar Garzón: presentarlo como un juez prevaricador (o sea, que toma resoluciones a sabiendas de que son injustas), y violador de las leyes y de los derechos constitucionales.
“ATADO Y BIEN ATADO”
Con el perfil que le dibuja el fallo de la Sala Penal del Tribunal Supremo, parece quedar habilitado el camino –y sentada la jurisprudencia- para el próximo fallo, el que seguramente lo condenará por no haberse quedado quieto y declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista.
Desde aquella decisión política de dejar a un costado, en la banquina de la acelerada ruta hacia la modernidad y hacia la europeización de España a las víctimas y a los represaliados de la dictadura, nadie había prestado atención a los familiares y a las asociaciones de ciudadanos que reiteradamente peticionaban ante todas las instancias del Estado. Escribieron al Rey; a los sucesivos presidentes del Gobierno; a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas; al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos; a los obispos y arzobispos de la Iglesia católica. Nadie les respondió, nunca. (Bueno, en realidad el cardenal Rouco les mandó una cartilla sobre cómo perdonar a los enemigos...) Ya lo había dicho el generalísimo Francisco Franco poco antes de morir: Aquí no va a pasar nada, que para eso lo dejo todo atado y bien atado.
En medio de esa desatención y ninguneo, el titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, que ya se había hecho famoso por perseguir al terrorismo homicida de ETA; a las mafias corruptas como la red Gürtel; o inclusive por defender la competencia universal en delitos de lesa humanidad –como los cometidos por las dictaduras militares en Argentina o en Chile-, vino a escuchar sus peticiones, y las transformó en causas judiciales sobre las que se declaró competente. Las denuncias se volcaron en el juzgado de Baltasar Garzón desde diciembre de 2006, y siguieron creciendo hasta fines de 2008, cuando la corporación judicial reaccionó y la Sala Penal decidió mayoritariamente que la competencia no era de su juzgado. El frenazo de los jueces fue inmediato: no se abrirían más fosas, no se investigarían los restos, no se discutiría nada de aquellos cuarenta años, por más que incluyeran delitos tales como crímenes masivos y desaparición forzada de personas. “Me aboqué –se defendió Garzón en su alegato final esta semana- porque esos crímenes siguen cometiéndose hasta el día de hoy, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas, para que no se produzca el olvido y la falta de memoria”.
Muchos españoles se han movilizado para protestar contra el trato dado al inhabilitado juez. Y sus propios colegas insisten en que estos juicios son un despropósito y un hazmerreír. Alguien tan prestigioso como el profesor penalista Javier Álvarez sostiene que con la sentencia contra Garzón sólo “están de fiesta los narcotraficantes, los terroristas y la extrema derecha”, y pide que el gobierno no acepte la sentencia y otorgue de inmediato medidas de gracia. Pero es que en el gobierno está el Partido Popular, que forma parte de aquel entramado de hilos y sogas con que el generalísimo dejó todo atado y bien atado. No creo que sea realista esperar que desde el poder político se contradiga a la corporación judicial.
Las condenas contra Baltasar Garzón son, en definitiva, nuevos intentos de esconder la basura y los polvos de la historia debajo de la alfombra. Puede funcionar durante un tiempo, pero finalmente será un propósito vano: no hay sociedades sanas que hayan esquivado hacer frente a su historia, por más autopistas aceleradas a la modernidad que hayan corrido.
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Garzón, condenado
por Nelson Gustavo Specchia
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España vivió un acelerado proceso de modernización, especialmente motorizado por la inclusión del país en el proceso de integración europea, apenas unos días más tarde de que sepultaran al generalísimo Francisco Franco bajo una losa de varias toneladas en el Valle de los Caídos, esa megalómana abadía horadada en la montaña madrileña.
Era un proceso acelerado que enviaba señales de “normalización”: España abandonaba el aislamiento particular que había mantenido durante cuatro décadas, de ser una dictadura filofascista de partido único y libertades restringidas, para recomponer su estatus democrático a tono con los tiempos y con el entorno geográfico y cultural europeo. Esas señales comenzaron con cierta debilidad durante la primera transición, con personajes cercanos al propio régimen dictatorial, cuando Adolfo Suárez presidía el gobierno, e inclusive tuvieron sus intentos de vuelta atrás, como el conato de golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero, el 23 de febrero de 1981; “el Tejerazo” sólo se frenó con la comparecencia del rey Juan Carlos por la televisión, con el uniforme de Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, para ratificar el compromiso de la Monarquía con la democracia recién recuperada.
Pero luego de estos primeros momentos, las señales de modernización y de europeización de España adquirieron un ritmo sostenido. Felipe González, a pesar de toda la prédica socialista, una vez que se hizo cargo del gobierno metió a la península en la OTAN; los fondos de compensación desde Bruselas hacia Madrid implicaron una revolución en infraestructuras, que la dictadura había olvidado en condiciones medievales; la “movida” cultural, con el “destape” en las películas y en las playas del mediterráneo; la “ruta del bacalao” en las discos de las grandes ciudades y de las costas del sur; y el abordaje de la memoria reciente desde la literatura (los últimos años de la República, la Guerra Civil, la Victoria de los Nacionales y los largos años del franquismo se multiplicaban por docenas en novelas y ensayos); fueron todas señales auspiciosas de un cambio de ciclo. La imagen internacional de España se recuperaba a pasos rápidos, y las heridas –las tremendas heridas de medio siglo- se dejaban al borde del camino. Tan raudo era ese proceso de modernización, tan grande era la necesidad de llegar pronto a Europa, que las deudas sociales con aquellas generaciones enteras de víctimas y de vencidos se aplazaron sine die.
Pero aquellas señales eran engañosas, y aquello de echar un manto sobre los crímenes del franquismo y las cuatro décadas de represalias contra los vencidos, terminó siendo una mala decisión. Ha tenido que aparecer la sentencia contra el juez Baltasar Garzón, esta semana, para que se haga completamente evidente que España no podrá meter debajo de la alfombra su pasado inmediato, ese medio siglo trágico que la cortó en dos partes, y que no habrá atajos hacia la modernidad ni hacia la europeización que le eviten el tormento de mirarse al espejo, asumir las culpas y las deudas. Antes o después, pero tendrá que hacerlo.
CARA DE CHIVO (EXPIATORIO)
Baltasar Garzón ha sido un personaje polémico. Pero el fallo –votado por unanimidad por los jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo español- que lo expulsa de la carrera judicial y lo condena a 11 años de inhabilitación, tiene todas las características de una venganza y de un aviso. La venganza de una corporación imbuida de un tinte ideológico conservador y afín al núcleo central de la etapa franquista, contra uno de sus miembros, un díscolo que no aceptó el statu quo obligatorio sobre el pasado político pactado durante la Transición. Y de un aviso para navegantes: quién ose levantar la tapa de la caja de los truenos y revolver las cenizas del pasado, será castigado con todo el peso de la espada, ese grueso filo que la imagen de la corporación judicial blande en su mano derecha (una imagen, dicho sea de paso, con la cual los semiólogos pueden hacerse todo un festín).
Con tres juicios abiertos, la primera sentencia dictada contra Garzón esta semana marca cuál va a ser la tónica de las demás. En ésta, los jueces que juzgaron a su díscolo compañero no tuvieron empacho en dar vuelta los roles, y aceptar por buenos los reclamos de Francisco Correa y Pablo Crespo, los dos jefes mafiosos de la trama corrupta denominada “Gürtel”, vinculada al financiamiento ilegal del Partido Popular, actualmente en el gobierno de la península. Garzón ordenó, durante la instrucción del caso contra la mafia del Gürtel, las escuchas telefónicas entre los presos y sus abogados, de quienes sospechaba estaban colaborando con una millonaria huída de divisas producto de las operaciones ilegales de sus clientes, los capos de la mafia. Esta resolución, que los propios fiscales del Tribunal Supremo, Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, defienden por proporcionada con la gravedad de los delitos, acaba de ser censurada por el Supremo con epítetos tales como “monstruosa”, “infamante”, “injusta”, o “barbaridad inconstitucional”.
A pesar de que, a todas luces, la cara del ahora inhabilitado juez sea la máscara del chivo expiatorio, la lectura del fallo deja claro cuál es la intención perseguida por la corporación judicial en el caso contra Baltasar Garzón: presentarlo como un juez prevaricador (o sea, que toma resoluciones a sabiendas de que son injustas), y violador de las leyes y de los derechos constitucionales.
“ATADO Y BIEN ATADO”
Con el perfil que le dibuja el fallo de la Sala Penal del Tribunal Supremo, parece quedar habilitado el camino –y sentada la jurisprudencia- para el próximo fallo, el que seguramente lo condenará por no haberse quedado quieto y declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista.
Desde aquella decisión política de dejar a un costado, en la banquina de la acelerada ruta hacia la modernidad y hacia la europeización de España a las víctimas y a los represaliados de la dictadura, nadie había prestado atención a los familiares y a las asociaciones de ciudadanos que reiteradamente peticionaban ante todas las instancias del Estado. Escribieron al Rey; a los sucesivos presidentes del Gobierno; a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas; al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos; a los obispos y arzobispos de la Iglesia católica. Nadie les respondió, nunca. (Bueno, en realidad el cardenal Rouco les mandó una cartilla sobre cómo perdonar a los enemigos...) Ya lo había dicho el generalísimo Francisco Franco poco antes de morir: Aquí no va a pasar nada, que para eso lo dejo todo atado y bien atado.
En medio de esa desatención y ninguneo, el titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, que ya se había hecho famoso por perseguir al terrorismo homicida de ETA; a las mafias corruptas como la red Gürtel; o inclusive por defender la competencia universal en delitos de lesa humanidad –como los cometidos por las dictaduras militares en Argentina o en Chile-, vino a escuchar sus peticiones, y las transformó en causas judiciales sobre las que se declaró competente. Las denuncias se volcaron en el juzgado de Baltasar Garzón desde diciembre de 2006, y siguieron creciendo hasta fines de 2008, cuando la corporación judicial reaccionó y la Sala Penal decidió mayoritariamente que la competencia no era de su juzgado. El frenazo de los jueces fue inmediato: no se abrirían más fosas, no se investigarían los restos, no se discutiría nada de aquellos cuarenta años, por más que incluyeran delitos tales como crímenes masivos y desaparición forzada de personas. “Me aboqué –se defendió Garzón en su alegato final esta semana- porque esos crímenes siguen cometiéndose hasta el día de hoy, como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas, para que no se produzca el olvido y la falta de memoria”.
Muchos españoles se han movilizado para protestar contra el trato dado al inhabilitado juez. Y sus propios colegas insisten en que estos juicios son un despropósito y un hazmerreír. Alguien tan prestigioso como el profesor penalista Javier Álvarez sostiene que con la sentencia contra Garzón sólo “están de fiesta los narcotraficantes, los terroristas y la extrema derecha”, y pide que el gobierno no acepte la sentencia y otorgue de inmediato medidas de gracia. Pero es que en el gobierno está el Partido Popular, que forma parte de aquel entramado de hilos y sogas con que el generalísimo dejó todo atado y bien atado. No creo que sea realista esperar que desde el poder político se contradiga a la corporación judicial.
Las condenas contra Baltasar Garzón son, en definitiva, nuevos intentos de esconder la basura y los polvos de la historia debajo de la alfombra. Puede funcionar durante un tiempo, pero finalmente será un propósito vano: no hay sociedades sanas que hayan esquivado hacer frente a su historia, por más autopistas aceleradas a la modernidad que hayan corrido.
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