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lunes, 5 de agosto de 2013

Los siete días de Rodríguez Saá (02 08 13)

HACIA 30 AÑOS DE DEMOCRACIA – Viernes 2 de agosto de 2013

por J. Emilio Graglia y N. G. Specchia




Frente a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, dada la anticipada dimisión del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, la primera magistratura del país quedó vacante, circunstancia que –en virtud de la Ley de Acefalía–  facultó al presidente provisional del Senado (a la sazón, el senador por la provincia de Misiones, Ramón Puerta) a ejercer el Poder Ejecutivo. Siguiendo el proceso constitucional, el senador Puerta convocó dentro de las 48 horas a la Asamblea Legislativa para que se abocara a elegir al funcionario público que habría de desempeñar el cargo hasta la elección de un nuevo Presidente.
En vísperas de la Navidad de 2001, el 23 de diciembre, y luego de 12 horas de intenso debate, los representantes del pueblo, titulares del poder político, reunidos en Asamblea, resolvieron –por iniciativa del Partido Justicialista– la conformación de un gobierno provisorio y la posterior convocatoria a elecciones mediante el sistema electoral de lemas (esto último, para resolver en las votaciones generales la puja interna del propio Partido Justicialista). Fijaron la fecha de las elecciones el 3 de marzo de 2002, con ballotage previsto para fines de ese mismo mes, el 30 de marzo.

La elección del presidente provisional por parte de la Asamblea Legislativa recayó en el entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quién debía ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo hasta el 5 de abril del año siguiente, cuando entregaría el gobierno al Presidente que hubiera resultado electo en los comicios del 3 de marzo. Este período exiguo se reveló, aún así, demasiado largo para el nuevo primer mandatario, quien sólo permaneció en el poder siete días. Pero este resultado no estaba en sus planes, como se revela en su Discurso de Investidura, que tuvo la impronta de un gobierno de largo plazo, tanto por las enérgicas medidas explicitadas en el plan del gobierno de emergencia, como por la euforia parlamentaria con que fue recibido.
Entre estas medidas, una de las más polémicas fue la declaración del “default” financiero por la suspensión del pago de la deuda externa. “No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina”, dijo. Asimismo, el Presidente recién nombrado por la Asamblea anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, llamada “Argentino”, con la cual financiaría planes de vivienda, otorgaría más de 100.000 subsidios, y aumentaría las remuneraciones de jubilados y empleados estatales.

A pesar de las recurrentes críticas al régimen monetario imperante, el Presidente ratificó la convertibilidad de la moneda que había puesto en marcha el presidente Menem y había mantenido De la Rúa, ambas con la gestión del ministro Domingo Cavallo a cargo de las políticas económicas. En su Discurso de Investidura Presidencial, Adolfo Rodríguez Saá sostuvo al respecto: “En la actual crisis económico-social que vive el país, son falsas las opciones de dolarización o devaluación que presentan a la convertibilidad como el mal de la sociedad argentina. (…) Una devaluación significaría disminuir el salario de los trabajadores en la misma proporción, sumado a la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de precios, afectando el consumo de sectores asalariados o con ingresos fijos”. De esa manera, la convertibilidad seguiría vigente.

Otra renuncia anticipada

Rodríguez Saá había sido elegido Presidente por tres meses pero hacía anuncios de mediano y largo plazo. Además del default de la deuda externa, la puesta en circulación de una nueva moneda no convertible y la continuidad de la convertibilidad, otro ambicioso punto de su plan de gobierno, que hacía dudar de los alcances provisionales de su gestión presidencial, fue la creación de un millón de puestos de trabajo.
Además, para ajustar los gastos del Estado, anunció un plan de austeridad que incluía rebajas de sueldos de los funcionarios, eliminación de ministerios y venta del parque automotor y de aviones. En un anuncio no exento de demagogia, el Presidente dijo que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo, cuya remuneración sería fijada en $ 3.000 (tres mil pesos) por todo concepto. Como se fuera una decisión estratégica dijo a la Asamblea Legislativa: “en la emergencia gravísima que vive el país, también pondremos en venta, y nos animaremos a hacerlo, el parque aeronáutico de la Presidencia de la Nación”.

Sus escasos días de gobierno estuvieron atravesados por intensas negociaciones con los sectores sociales en pugna. Aunque logró reunificar la Central General de Trabajadores (CGT), no pudo negociar con la Unión Industrial Argentina (UIA), ni con un sector considerable del propio Partido Justicialista que lo había aupado a la primera magistratura.

Los empresarios reunidos en la UIA estaban disconformes con la decisión de no devaluar la moneda. Los peronistas, por su parte, eran contrarios a la pretensión de Adolfo Rodríguez Saá de continuar en el cargo hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2003. Luego de un frustrado encuentro con los gobernadores para definir un nuevo gabinete, después de aceptar la renuncia de algunos ministros sospechados de corrupción y tras analizar un nuevo plan económico, el Presidente provisional perdió el respaldo original de los líderes justicialistas. Lo cual, sumado a las protestas populares, aceleró su alejamiento de la primera magistratura interina.
En su carta de renuncia a la Presidencia de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá sostuvo: “He puesto mis mejores esfuerzos de argentino para cumplir con el mandato que se me otorgara. (...) Algunos gobernadores que no comprenden la gravedad del momento me han quitado el apoyo. No me queda otro camino que renunciar de forma indeclinable al cargo de presidente de la Nación Argentina”.

Mientras tanto, el presidente provisorio del Senado, Ramón Puerta, había renunciado antes que Rodríguez Saá. Por lo tanto, siguiendo la Ley de Acefalía, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional, convocó una vez más –a pocos días de haberse reunido- a los diputados y senadores a que se reunieran en Asamblea y se abocaran a la designación de un nuevo Presidente provisional. La nominación recaería entonces en el ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, electo senador por su provincia dos meses antes.

Fue la expresión de la mayor crisis política que vivió Argentina en estas tres décadas de democracia: Rodríguez Saá había sido elegido el 23 de diciembre, con mandato hasta el 30 de marzo, pero se fue siete días después de su elección. De esa manera, fue el primer Presidente de origen justicialista que renunció a la primera magistratura. Luego vino Eduardo Duhalde, quien tampoco pudo concluir su mandato. Pero de esa gestión nos ocuparemos en el siguiente artículo.



@JEmilioGraglia  /  @nspecchia


domingo, 24 de marzo de 2013

Celebrar y seguir construyendo (24 03 13)

La Voz del Interior - Temas - Especial Aniversario Golpe de Estado - domingo 24 de marzo 2013


Celebrar y seguir construyendo

El 10 de diciembre cumpliremos 30 años de la recuperación de la democracia. Es una fecha para festejar, pero también para analizar las deudas y falencias del sistema.


por Nelson Gustavo Specchia
Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba), Director Ejecutivo del Foro de la Democracia





El 10 de diciembre se cumplirán 30 años del restablecimiento del régimen democrático después de la larga noche de la dictadura militar. Es una fecha digna de celebrar. Los pueblos suelen bajar la guardia, relajarse en el goce de los derechos conquistados y perder de vista la dimensión brutal que implica su carencia. Las celebraciones recrean los momentos de transformación y permiten tener presente los escenarios críticos que habilitaron ese cambio político.

El intendente Ramón Mestre, a partir de iniciativas surgidas en las secretarías de Gobierno y de Cultura, propuso la creación de una instancia ciudadana plural, que reflexionara sobre la celebración democrática que implican estas tres décadas de vigencia de la Constitución y las leyes: el más largo período de toda la historia argentina.

Un grupo de ciudadanos. 


Así nació el proyecto del Foro Hacia 30 Años de Democracia, que tuvo su sesión inaugural en el Salón Rojo del Cabildo. Si los símbolos alimentan las celebraciones, reunir a un conjunto de personalidades de tan distinta procedencia en un lugar emblemático de la política civil de Córdoba fue toda una declaración de principios.
En una mañana muy calurosa de diciembre pasado, acudieron a la invitación del intendente los jefes de todos los bloques del Concejo Deliberante y referentes de los partidos; los rectores de las universidades, dirigentes sindicales de la CGT, de la Cámara de Comercio, periodistas de los diarios y de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad, líderes religiosos –cristianos, católicos, musulmanes y judíos– del Comipaz, una Fiscal Federal, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, y vecinos destacados (como María Teresa Morini, a punto de festejar su cumpleaños número 100, homenajeada en esa misma sesión inaugural del Foro).
De una manera abierta, cada quien fue proponiendo las formas en que consideraba que estos 30 años de democracia deben volver a hacerse presente en nuestros días. Se planificaron visitas a escuelas; sesiones en zonas suburbanas y entre colectivos sociales desfavorecidos; hubo propuestas para recuperar experiencias sobre los derechos humanos; para generar materiales didácticos de buenas prácticas democráticas, entre muchos otros.
Aparte del impulso original y de la invitación, la Municipalidad de Córdoba se sumó al Foro como un partícipe más, en pie de igualdad. Por eso la instancia colegiada seleccionó, por votación, a uno de sus miembros para que ejerciera la Dirección Ejecutiva, encargo que me asignaron.
En la segunda sesión plenaria, en febrero, la ONG Red Ciudadana Nuestra Córdoba fue invitada a exponer su trabajo sobre “El derecho a la ciudad y las nuevas formas de gobierno: las relaciones entre la Sociedad Civil y el Estado”.
El viernes pasado, en la tercera sesión, la ponencia estuvo a cargo de Graciela López de Filoñuk, fiscal federal de Córdoba y también miembro pleno del Foro. Ofreció su testimonio sobre los juicios de derechos humanos en los tribunales cordobeses desde la recuperación democrática, un proceso que la ha tenido como una de las protagonistas principales. Su fiscalía ha promovido acciones penales por 921 víctimas del terrorismo de Estado.
La persistencia y la iniciativa de agentes judiciales con profundas convicciones democráticas han permitido que, para fines del año pasado, en nuestro país se registrara un total de 1.013 personas procesadas y 422 juicios de derechos humanos concluidos.

Las libertades que nos faltan. 


Pero un foro ciudadano que centre su visión en las características de la democracia que vivimos no debería limitarse a las celebraciones, a pesar de la importancia simbólica que ellas revisten. También debe enfocar la atención en las falencias y las deudas que el sistema ha mostrado en estos 30 años, especialmente mirando hacia las generaciones futuras y a la calidad de la democracia que vivirán.
Argentina comparte con América latina una importante volatilidad política. El orden institucional sigue estando amenazado, como lo prueban las declaraciones conocidas la semana pasada, en las que el ex dictador Jorge Rafael Videla convocaba, en unas declaraciones a una revista extranjera, a sus compañeros de armas a intervenir para “frenar la decadencia nacional”.
Aunque estas posturas ultramontanas no aparezcan como un riesgo cierto por estas horas, la tentación autoritaria sigue latente. Y junto a ella, nuevas amenazas: suspensiones forzosas de mandatos presidenciales (como en Honduras y Paraguay), tentaciones de perpetuación de elites dirigentes, cambios constitucionales, flaquezas en el control y en la calidad de los actos comiciales, o las crisis estructurales por las que atraviesan los partidos políticos tradicionales.
Son todos temas que ameritan que una instancia colegiada, con participación voluntaria y ad honorem de referentes de la vida social y política comunitaria, se aboque a discutirlos.






@nspecchia