Juan Gelman, la estética del dolor

LA VOZ DEL INTERIOR - miércoles 15 de enero de 2014 - Cultura 


Juan Gelman, la estética del dolor

por Nelson Specchia

En el meridiano de un enero tórrido, y mientras se anuncian nuevas olas de calor, a la tarde del martes de pronto la cruza un hálito helado: ha muerto Juan Gelman. Cuando las voces tutelares de la cultura se callan de golpe, poco importan la previsibilidad o el cumplimiento de los calendarios biológicos: siempre constituyen un golpe sorpresivo en el imaginario social. Un golpe, en el caso de Juan Gelman, de tremendo impacto. Porque todos –sin distinciones aquí de opciones ideológicas o políticas- nos sentimos interpelados por nuestros poetas. Cuestionados y, al mismo tiempo, proyectados en sus palabras y en sus imágenes. Cuando se trata de los grandes entre los poetas, esa identificación y esa proyección también se magnifican. Y Gelman era uno de los más grandes que ha tenido este tiempo.

          Un tamaño que puede mensurarse en cantidad de libros, en cantidad de años, en cantidad de premios. Pero, más allá de todos esos hitos con que se intenta describir la dimensión de una obra, la grandeza de Gelman pasó por la reconciliación que sus versos nos propusieron, entre el horror de la violencia de una época dura y la belleza de la vida compartida. Entre los múltiples hallazgos formales de una poética que nunca abandonó la capacidad de asombro y el tono experimental de los inicios, yo rescato esa capacidad de encontrar la perla en el barro, y de mostrarla en un esplendor tan genuino que no dejara otra alternativa que el goce estético.

          De entre la humillación y la muerte, desde la más absurda violencia ejercida por un poder terrorista, Gelman, el poeta político, era capaz de sacar una rosa fresca. Del oscuro pozo de desgarros, secuestros, violaciones, muertes y desapariciones, era capaz de rescatar un verso que mostrase que lo humano se terminaría por abrir paso, que la belleza permanecería, que el amor siempre será de dura derrota.

          Sus experimentos formales, así como esa permanente búsqueda de sentido, no fueron improvisados ni superficiales. Como a los poetas clásicos, nada de lo humano le fue ajeno. Por eso su poesía es, al mismo tiempo, expresión tan local y tan universal. Durante mucho tiempo esos versos nos seguirán cuestionando y nombrando, sólo nos faltará la amargura esperanzada de su voz ronca mientras los leía.

* Escritor, profesor de Política Internacional (UCC)

Los siete días de Rodríguez Saá (02 08 13)

HACIA 30 AÑOS DE DEMOCRACIA – Viernes 2 de agosto de 2013

Los siete días de Rodríguez Saá

por J. Emilio Graglia y N. G. Specchia

Frente a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, dada la anticipada dimisión del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, la primera magistratura del país quedó vacante, circunstancia que –en virtud de la Ley de Acefalía–  facultó al presidente provisional del Senado (a la sazón, el senador por la provincia de Misiones, Ramón Puerta) a ejercer el Poder Ejecutivo. Siguiendo el proceso constitucional, el senador Puerta convocó dentro de las 48 horas a la Asamblea Legislativa para que se abocara a elegir al funcionario público que habría de desempeñar el cargo hasta la elección de un nuevo Presidente.

En vísperas de la Navidad de 2001, el 23 de diciembre, y luego de 12 horas de intenso debate, los representantes del pueblo, titulares del poder político, reunidos en Asamblea, resolvieron –por iniciativa del Partido Justicialista– la conformación de un gobierno provisorio y la posterior convocatoria a elecciones mediante el sistema electoral de lemas (esto último, para resolver en las votaciones generales la puja interna del propio Partido Justicialista). Fijaron la fecha de las elecciones el 3 de marzo de 2002, con ballotage previsto para fines de ese mismo mes, el 30 de marzo.

La elección del presidente provisional por parte de la Asamblea Legislativa recayó en el entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quién debía ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo hasta el 5 de abril del año siguiente, cuando entregaría el gobierno al Presidente que hubiera resultado electo en los comicios del 3 de marzo. Este período exiguo se reveló, aún así, demasiado largo para el nuevo primer mandatario, quien sólo permaneció en el poder siete días. Pero este resultado no estaba en sus planes, como se revela en su Discurso de Investidura, que tuvo la impronta de un gobierno de largo plazo, tanto por las enérgicas medidas explicitadas en el plan del gobierno de emergencia, como por la euforia parlamentaria con que fue recibido.
Entre estas medidas, una de las más polémicas fue la declaración del “default” financiero por la suspensión del pago de la deuda externa. “No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina”, dijo. Asimismo, el Presidente recién nombrado por la Asamblea anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, llamada “Argentino”, con la cual financiaría planes de vivienda, otorgaría más de 100.000 subsidios, y aumentaría las remuneraciones de jubilados y empleados estatales.

A pesar de las recurrentes críticas al régimen monetario imperante, el Presidente ratificó la convertibilidad de la moneda que había puesto en marcha el presidente Menem y había mantenido De la Rúa, ambas con la gestión del ministro Domingo Cavallo a cargo de las políticas económicas. En su Discurso de Investidura Presidencial, Adolfo Rodríguez Saá sostuvo al respecto: “En la actual crisis económico-social que vive el país, son falsas las opciones de dolarización o devaluación que presentan a la convertibilidad como el mal de la sociedad argentina. (…) Una devaluación significaría disminuir el salario de los trabajadores en la misma proporción, sumado a la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de precios, afectando el consumo de sectores asalariados o con ingresos fijos”. De esa manera, la convertibilidad seguiría vigente.

Otra renuncia anticipada

Rodríguez Saá había sido elegido Presidente por tres meses pero hacía anuncios de mediano y largo plazo. Además del default de la deuda externa, la puesta en circulación de una nueva moneda no convertible y la continuidad de la convertibilidad, otro ambicioso punto de su plan de gobierno, que hacía dudar de los alcances provisionales de su gestión presidencial, fue la creación de un millón de puestos de trabajo.
Además, para ajustar los gastos del Estado, anunció un plan de austeridad que incluía rebajas de sueldos de los funcionarios, eliminación de ministerios y venta del parque automotor y de aviones. En un anuncio no exento de demagogia, el Presidente dijo que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo, cuya remuneración sería fijada en $ 3.000 (tres mil pesos) por todo concepto. Como se fuera una decisión estratégica dijo a la Asamblea Legislativa: “en la emergencia gravísima que vive el país, también pondremos en venta, y nos animaremos a hacerlo, el parque aeronáutico de la Presidencia de la Nación”.

Sus escasos días de gobierno estuvieron atravesados por intensas negociaciones con los sectores sociales en pugna. Aunque logró reunificar la Central General de Trabajadores (CGT), no pudo negociar con la Unión Industrial Argentina (UIA), ni con un sector considerable del propio Partido Justicialista que lo había aupado a la primera magistratura.

Los empresarios reunidos en la UIA estaban disconformes con la decisión de no devaluar la moneda. Los peronistas, por su parte, eran contrarios a la pretensión de Adolfo Rodríguez Saá de continuar en el cargo hasta completar el mandato de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2003. Luego de un frustrado encuentro con los gobernadores para definir un nuevo gabinete, después de aceptar la renuncia de algunos ministros sospechados de corrupción y tras analizar un nuevo plan económico, el Presidente provisional perdió el respaldo original de los líderes justicialistas. Lo cual, sumado a las protestas populares, aceleró su alejamiento de la primera magistratura interina.
En su carta de renuncia a la Presidencia de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá sostuvo: “He puesto mis mejores esfuerzos de argentino para cumplir con el mandato que se me otorgara. (...) Algunos gobernadores que no comprenden la gravedad del momento me han quitado el apoyo. No me queda otro camino que renunciar de forma indeclinable al cargo de presidente de la Nación Argentina”.

Mientras tanto, el presidente provisorio del Senado, Ramón Puerta, había renunciado antes que Rodríguez Saá. Por lo tanto, siguiendo la Ley de Acefalía, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, a cargo interinamente del Poder Ejecutivo Nacional, convocó una vez más –a pocos días de haberse reunido- a los diputados y senadores a que se reunieran en Asamblea y se abocaran a la designación de un nuevo Presidente provisional. La nominación recaería entonces en el ex vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, electo senador por su provincia dos meses antes.

Fue la expresión de la mayor crisis política que vivió Argentina en estas tres décadas de democracia: Rodríguez Saá había sido elegido el 23 de diciembre, con mandato hasta el 30 de marzo, pero se fue siete días después de su elección. De esa manera, fue el primer Presidente de origen justicialista que renunció a la primera magistratura. Luego vino Eduardo Duhalde, quien tampoco pudo concluir su mandato. Pero de esa gestión nos ocuparemos en el siguiente artículo.

@JEmilioGraglia  /  @nspecchia

Los muertos que vos matáis (23 04 13)

En Foco – HOY DÍA CÓRDOBA – El Mundo – Página 2 – martes 23 de abril de 2013 

Los muertos que vos matáis 

por Pedro I. de Quesada 

Cuando el ex obispo de la iglesia católica, Fernando Lugo, colgó la sotana y decidió meterse de lleno en la vida política paraguaya, una bocanada de aire fresco ventiló las herrumbradas estructuras republicanas.

Como muy gráficamente me dijo un colega, en un seminario académico en Asunción por aquellos días, Lugo era “un sapucay (un grito) de esperanza y la muerte del conservadurismo colorado”. Pero el problema con los gritos –y con las esperanzas- es que no alcanzan a mucho si no se aprovecha el envión para forzar una alteración de modos y procedimientos enraizados en la cultura popular.

Lugo despertó muchas expectativas, y tuvo en su breve paso por el poder más de una oportunidad para generar las condiciones que acompañaran el surgimiento de una nueva fuerza política en Paraguay; pero no pudo o no supo hacerlo.

En un primer momento, la alegría del cambio se consumió en la fiesta de haber terminado con las largas seis décadas de la autocracia del general Alfredo Stroessner. Luego comenzaron las demandas de paternidad de hijos engendrados en sus tiempos obispales, violando el hipócrita voto de castidad con que la iglesia insiste en someter a sus pastores, y los sectores que lo apoyaban no disminuyeron.

Más tarde apareció el cáncer, y la lucha contra la enfermedad le trajo nuevas adhesiones para armar un partido político grande. Por último llegaron los embates de los ex aliados, y un sector importante se encolumnó detrás de Fernando Lugo, pero éste ya había decidido no dar batalla sino entregar resignadamente el gobierno al establishment.

Con el golpe de Estado “blando” propinado por el Partido Liberal Radical Auténtico desde el Congreso y la asunción del Ejecutivo por parte de su ex aliado, el vicepresidente Federico Franco, se terminó la experiencia “luguista” y se calló aquel “sapucay” que había empezado tan esperanzadamente.

Y las maniobras que tejía a la luz del día y sin ningún reparo el general Lino Oviedo mostraron, además, que el Partido Colorado no estaba muerto. Los sesenta años de hegemonía no fueron en vano: quedó el “aparato” (ese que Lugo no pudo ni siquiera comenzar a construir) y la compleja red de relaciones entre familias, cargos públicos y fortunas que se amasaron bajo la sombra protectora de la dictadura.

La fuerza del partido que ha sido la herramienta de la diminuta élite económica guaraní (con esas excentricidades de la política latinoamericana, de ser un partido de ricos sostenido por una inmensa masa de desposeídos) quedó demostrada cuando Lino Oviedo murió, a raíz de un accidente en su helicóptero, en febrero pasado: rápidamente se reordenaron los tantos, y el partido buscó sin demora un liderazgo alternativo para los colorados.

Allí apareció la figura –y los cientos, los miles, los cientos de miles de dólares- de Horacio Cartes. Pero no se puede decir que Cartes, presidente electo desde el domingo a la noche, haya comprado simplemente su elección. No, sus millones aceitaron la máquina electoral, sin duda, pero su victoria obedece a los dos factores que aquí comentamos: el fracaso aplastante de la experiencia renovadora y de las tácticas obispales de Fernando Lugo, y el menosprecio y la liviandad con que su grupo abordó la necesidad de desmantelar al Partido Colorado.

Los muertos que vos matáis, queda visto, gozan de buena salud.






Twitter:  @nspecchia


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Celebrar y seguir construyendo (24 03 13)

La Voz del Interior - Temas - Especial Aniversario Golpe de Estado - domingo 24 de marzo 2013

Celebrar y seguir construyendo

El 10 de diciembre cumpliremos 30 años de la recuperación de la democracia. Es una fecha para festejar, pero también para analizar las deudas y falencias del sistema.

por Nelson Gustavo Specchia

Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba), Director Ejecutivo del Foro de la Democracia

El 10 de diciembre se cumplirán 30 años del restablecimiento del régimen democrático después de la larga noche de la dictadura militar. Es una fecha digna de celebrar. Los pueblos suelen bajar la guardia, relajarse en el goce de los derechos conquistados y perder de vista la dimensión brutal que implica su carencia. Las celebraciones recrean los momentos de transformación y permiten tener presente los escenarios críticos que habilitaron ese cambio político.

El intendente Ramón Mestre, a partir de iniciativas surgidas en las secretarías de Gobierno y de Cultura, propuso la creación de una instancia ciudadana plural, que reflexionara sobre la celebración democrática que implican estas tres décadas de vigencia de la Constitución y las leyes: el más largo período de toda la historia argentina.

Un grupo de ciudadanos. 

Así nació el proyecto del Foro Hacia 30 Años de Democracia, que tuvo su sesión inaugural en el Salón Rojo del Cabildo. Si los símbolos alimentan las celebraciones, reunir a un conjunto de personalidades de tan distinta procedencia en un lugar emblemático de la política civil de Córdoba fue toda una declaración de principios.

En una mañana muy calurosa de diciembre pasado, acudieron a la invitación del intendente los jefes de todos los bloques del Concejo Deliberante y referentes de los partidos; los rectores de las universidades, dirigentes sindicales de la CGT, de la Cámara de Comercio, periodistas de los diarios y de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad, líderes religiosos –cristianos, católicos, musulmanes y judíos– del Comipaz, una Fiscal Federal, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, y vecinos destacados (como María Teresa Morini, a punto de festejar su cumpleaños número 100, homenajeada en esa misma sesión inaugural del Foro).

De una manera abierta, cada quien fue proponiendo las formas en que consideraba que estos 30 años de democracia deben volver a hacerse presente en nuestros días. Se planificaron visitas a escuelas; sesiones en zonas suburbanas y entre colectivos sociales desfavorecidos; hubo propuestas para recuperar experiencias sobre los derechos humanos; para generar materiales didácticos de buenas prácticas democráticas, entre muchos otros.

Aparte del impulso original y de la invitación, la Municipalidad de Córdoba se sumó al Foro como un partícipe más, en pie de igualdad. Por eso la instancia colegiada seleccionó, por votación, a uno de sus miembros para que ejerciera la Dirección Ejecutiva, encargo que me asignaron.

En la segunda sesión plenaria, en febrero, la ONG Red Ciudadana Nuestra Córdoba fue invitada a exponer su trabajo sobre “El derecho a la ciudad y las nuevas formas de gobierno: las relaciones entre la Sociedad Civil y el Estado”.

El viernes pasado, en la tercera sesión, la ponencia estuvo a cargo de Graciela López de Filoñuk, fiscal federal de Córdoba y también miembro pleno del Foro. Ofreció su testimonio sobre los juicios de derechos humanos en los tribunales cordobeses desde la recuperación democrática, un proceso que la ha tenido como una de las protagonistas principales. Su fiscalía ha promovido acciones penales por 921 víctimas del terrorismo de Estado.

La persistencia y la iniciativa de agentes judiciales con profundas convicciones democráticas han permitido que, para fines del año pasado, en nuestro país se registrara un total de 1.013 personas procesadas y 422 juicios de derechos humanos concluidos.

Las libertades que nos faltan. 

Pero un foro ciudadano que centre su visión en las características de la democracia que vivimos no debería limitarse a las celebraciones, a pesar de la importancia simbólica que ellas revisten. También debe enfocar la atención en las falencias y las deudas que el sistema ha mostrado en estos 30 años, especialmente mirando hacia las generaciones futuras y a la calidad de la democracia que vivirán.

Argentina comparte con América latina una importante volatilidad política. El orden institucional sigue estando amenazado, como lo prueban las declaraciones conocidas la semana pasada, en las que el ex dictador Jorge Rafael Videla convocaba, en unas declaraciones a una revista extranjera, a sus compañeros de armas a intervenir para “frenar la decadencia nacional”.

Aunque estas posturas ultramontanas no aparezcan como un riesgo cierto por estas horas, la tentación autoritaria sigue latente. Y junto a ella, nuevas amenazas: suspensiones forzosas de mandatos presidenciales (como en Honduras y Paraguay), tentaciones de perpetuación de elites dirigentes, cambios constitucionales, flaquezas en el control y en la calidad de los actos comiciales, o las crisis estructurales por las que atraviesan los partidos políticos tradicionales.

Son todos temas que ameritan que una instancia colegiada, con participación voluntaria y ad honorem de referentes de la vida social y política comunitaria, se aboque a discutirlos.

@nspecchia

Honduras en punto muerto (22 10 09)

HONDURAS EN PUNTO MUERTO

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por Nelson Gustavo Specchia

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“Bipolares”, FM Shopping, jueves 22 de octubre de 2009.

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Buen día, Daniel.
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Hemos estado las últimas semanas recorriendo, desde esta tribuna de análisis internacional, distintas y distantes latitudes, donde la realidad mundial de repente saca a la superficie una punta de iceberg, una muestra –a veces violenta, a veces sorpresivamente feliz, siempre frágil y fugaz para los titulares de los diarios y de los periódicos del mundo-, una pequeña muestra, digo, de esas inmensas realidades enterradas que son las características culturales y sociales específicas de cada pueblo.
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Y en este recorrido semanal de los jueves, no habíamos vuelto a poner los ojos en Honduras, en ese pequeño país hermano de centroamérica, de una importancia relativa tan marginal, tan asilada en el concierto internacional, y que se ha colocado en los últimos tiempos en el centro del candelero.
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Recuerdo, hace algunos años, cuando estuve trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, para unas misiones de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en aquellos días uno de nuestros temas recurrentes, sobre los que volvíamos una y otra vez con los colegas, discurrían sobre las estrategias para colocar a Honduras, de alguna manera, en la atención de las agencias internacionales. Quién me iba a decir que algunos años más tarde los hondureños encontrarían la manera, lamentablemente tan costosa, de estar en el centro de las noticias.
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Y ¿cómo analizar este momento, este impasse hondureño que, como coinciden tantos analistas, tendrá efectos que no se limitarán a quedar encerrados dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano, sino que de una manera o de otra impactarán en la marcha democrática del resto de la región?
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Ayer, 21 de octubre, se cumplió un mes de la sorpresiva vuelta de “Mel” Zelaya y de su atrincheramiento en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Dentro de un mes más, por su parte, están previstas las elecciones que supuestamente vendrían a destrabar el conflicto político, pero que toda la comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá si no está el presidente democrático sentado en su sitial al momento de realizarse el acto electoral.
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El gobierno de facto de Roberto Micheletti, sacudido del statu quo en que había decidido esperar las elecciones, ha perdido la iniciativa política. A pesar de ello y de estar cada día más aislado internacionalmente, ha aceptado las formas del diálogo con los representantes de Zelaya. Pero sólo las formas, porque en las maratónicas reuniones entre ambas partes, que comenzaron el 7 de octubre, el gobierno de facto no se ha movido un ápice. Micheletti juega al gato y al ratón, mientras gana tiempo: aceptó derogar el estado de sitio que decretó cuando Zelaya volvió y lo tomó por sorpresa, pero aún no lo ha hecho; afirmó que castigaría al responsable militar de haber sacado al presidente constitucional en pijama y a punta de fusiles, pero el general Romeo Vásquez sigue siendo el comandante del Ejército; afirma que sus negociadores tienen plenos poderes para pactar con los de Zelaya, pero los desautoriza al final de cada reunión. Micheletti parece decidido a resistir, en soledad, hasta el 29 de noviembre y la instalación de un nuevo gobierno.
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En este juego donde se muestran unas cartas pero las intenciones y los objetivos reales permanecen bien cubiertos y alejados de la mesa de negociaciones, hay que analizar dos elementos de fondo: la posibilidad cierta de una guerra civil, y la legalidad incierta de unas elecciones presidenciales.
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En el primer caso, es evidente que un fracaso rotundo de la mesa de diálogo entre ambas partes podría conducir, sin demasiadas dilaciones, a que el conflicto político se asuma como un enfrentamiento civil violento, en las calles, con consecuencias desgarradoras. Y hay que evitar un derramamiento de sangre. Así como el liderazgo latinoamericano está poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya y su reinstalación en el poder, debe hacerse hincapié en evitar la posibilidad de revertir el golpe de Estado mediante la movilización violenta de los partidarios del presidente depuesto. En un movimiento en ese sentido, y dada la práctica ocupación militar del país, las mayores bajas estarán del lado del pueblo desarmado.
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Por eso declaraciones como las de Daniel Ortega y Hugo Chávez, reunidos en la cumbre del ALBA en Cochabamba el 17 de octubre pasado, no aportan ninguna tranquilidad. Ortega anunció que la resistencia hondureña está buscando armas y campos de entrenamiento en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Chávez apoyó esta tesis: “que nadie se sorprenda –dijo- si surge un movimiento armado en Honduras.” Estas posturas deben ser descalificadas, por insensatas y alarmistas.
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En segundo término, creo que hay que considerar más a fondo el tema de la legalidad política de las elecciones del mes que viene. La comunidad internacional se niega a reconocer de plano el resultado de estas elecciones, si el presidente Zelaya no ha sido repuesto en su cargo con anterioridad. Esta es la postura más lógica desde la legitimidad constitucional y democrática, pero puede que sea también el punto de negociación, si –abandonando las posturas maximalistas- todos estuvieran dispuestos a ceder algo.
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En estos días, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordaba que en los últimos tiempos todos los conflictos políticos que han encontrado una vía de salida democrática lo han hecho desde procesos electorales organizados por un gobierno de facto. Por definición, dice Castañeda, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. Y cita a la España posfranquista de 1977, la Argentina de 1983, el Chile de 1988, o la larga lista de países ex comunistas de Europa del Este, donde las elecciones que llevarían a las transiciones democráticas se organizaron gobernando los regímenes autoritarios salientes. Y este podría ser ahora el caso de Honduras.
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Sería deseable, creo, que la comunidad internacional, y muy especialmente los líderes latinoamericanos, se avinieran a negociar un llamado a elecciones organizadas por el gobierno de facto pero fiscalizadas por veedores de la ONU, luego de las cuales el presidente Manuel Zelaya debería recuperar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y traspasar el poder a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que ponga paños fríos y reconduzca el proceso político. De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.
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nelson.specchia@gmail.com
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Honduras, ¿últimas horas de paz?

Honduras, ¿últimas horas de paz?

por Nelson Gustavo Specchia



A algunas cosas nos hemos habituado rápidamente en América latina. Después de esos años terribles que cruzaron en horizontal el calendario político del siglo XX, donde el terror llegó inclusive a ser una política de Estado, la lenta y progresiva recuperación democrática de los últimos treinta años nos ha dejado en un punto donde damos por seguros algunos elementos del sistema político, como si fueran naturales, sólidos y permanentes; cuando en realidad su presencia entre nosotros ha sido excepcional en la historia, y sólo muy recientemente se han agregado como constitutivos del quehacer sociopolítico cotidiano.

La permanencia de las instituciones y de la estabilidad democrática es uno de esos elementos. Y la paz social, indisociablemente unida a él, es el otro elemento.

Honduras, en estas horas críticas, vuelve a poner en el tapete regional latinoamericano esta cuestión central. En Honduras no se juega solamente la vuelta de Mel Zelaya al ejercicio del poder ejecutivo, legal y legítimamente obtenido en elecciones democráticas. Se juega la permanencia de esos dos elementos: la continuidad de la consolidación del juego democrático en América latina, y –además- la terrible posibilidad del resurgimiento de la violencia social en un país de la región.

El anuncio del “fracaso” del diálogo por las partes hondureñas involucradas, y de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, han disparado una posibilidad que venía vislumbrándose durante los últimos días, pero de la que nadie quería dar crédito: el muy posible enfrentamiento entre el Ejército leal al gobierno de facto de Roberto Micheletti, y los colectivos sociales que insisten en su apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya.

A estas alturas, luego de la lectura de la última propuesta de Oscar Arias, y las actitudes de rechazo de ambas partes, puede objetivamente estallar una guerra civil en Honduras. Si ello finalmente ocurriera, se habría comenzado a saldar con violencia y sangre un conflicto que tuvo todas las herramientas democráticas en la mano para canalizarse

Pero esas herramientas se han ido dejando paulatinamente de lado, al tiempo que la tensión no ha dejado de crecer con cada momento. Los hondureños han vivido estas semanas entre las manifestaciones permanentes durante las horas de luz, tanto las organizadas por el gobierno de facto como por los seguidores del gobierno depuesto, y la calma impuesta por el toque de queda durante las noches.

La paciencia que pide Arias, casi en el borde de las posibilidades de su intervención, se contesta con el entusiasmo en aumento que convoca la llamada a la "insurrección" realizada por Mel Zelaya.

Y, si se da el caso, hay armas para alimentar esa insurrección: los datos oficiales reconocen que un tercio de los casi ocho millones de hondureños tienen armas en sus casas; y las que no se registran serían muchas más. Cuando estuve trabajando en el interior de Honduras, en misiones de cooperación internacional, nunca dejaban de sorprenderme algunos carteles en los bares y restaurants de provincia: “Prohibido ingresar con armas a la vista”. Y luego están las Fuerzas Armadas, armadas literalmente. Y los grupos y bandas mafiosas, tan crecidas últimamente, que aportarían un porcentaje considerable de armas modernas y de alto poder de fuego en manos de civiles. Por lo que podemos considerar, en cuanto a capacidades, que Honduras es un Estado armado.

Oscar Arias ha trabajado intensamente en las últimas horas para intentar desbloquear la crisis, pero su margen de maniobra se achica ante la negativa rotunda de la delegación del gobierno de facto de reponer a Zelaya, que es el punto central de desencuentro. El gobierno interino de Micheletti ha anunciado que no aceptará ningún documento que incluya la restitución del depuesto presidente, y la segunda ronda de negociaciones en Costa Rica finalizó el domingo sin acuerdos.

Mientras tanto, la administración de facto de Honduras dio el martes 21 un plazo de 72 horas a los diplomáticos venezolanos para abandonar el país, basando su decisión en la supuesta intervención de funcionarios de esa legación en la actual crisis. También llegó a afirmar que el trabajo del mediador Arias constituía una intromisión impropia en los asuntos internos de Honduras. Y una actitud similar se perfila en las respuestas a las presiones que están ejerciendo las diplomacias norteamericanas y de la Unión Europea, con las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y de la comisaria europea de política exterior, Benita Ferrero-Walder. Con estas posturas y decisiones de política internacional, el gobierno interino hondureño está dando elementos para la regionalización del conflicto.

Tras el rechazo de la delegación de Roberto Micheletti, Arias hizo un último intento, y presentó en la noche del miércoles 22 la Declaración de San José, en la que plantea la instauración de un gobierno "de reconciliación" liderado por Zelaya (inclusive propone una fecha concreta para su retorno al país: el viernes 24 de julio), una amnistía general, y la renuncia a cualquier consulta popular para reformar la constitución.

Es el último intento para evitar que la presión acumulada en Honduras entre ambos grupos sociales se desborde por la propia radicalización.

La convivencia política y la paz social son el telón de este escenario. La proyección de ambos hacia el resto de América latina, el horizonte de futuro.

Chávez ahora va por todas

CHÁVEZ, AHORA VA POR TODAS

Por Nelson Gustavo Specchia

El comandante Hugo Chávez, jefe del Partido Socialista Unificado de Venezuela, líder de la Revolución Bolivariana (a través de la cual, dice él, se expresa el “socialismo del siglo XXI en América latina), y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, este domingo ha conquistado la baza que perseguía desde hacía tiempo, poniendo tras este objetivo todo el aparato político, económico y mediático que el petróleo venezolano pudiera pagar: estar autorizado por la legalidad constitucional a gobernar sin ningún tipo de restricción o límite temporal.

En este mismo lugar, hace sólo algunos meses, en una columna que titulamos “Más Chávez y menos Chávez”, analizábamos los resultados de las elecciones regionales y legislativas de noviembre del año pasado. Advertíamos entonces que el férreo cerco de poder que el presidente venezolano había logrado construir a su alrededor comenzaba a mostrar fisuras, pero que en esa prueba legislativa no podía afirmarse que nadie hubiera ganado claramente.

En realidad, parecía que ambos –tanto Chávez, como la variopinta oposición a su persona- habían ganado, según como se miraran los resultados. A números concretos, la diferencia entre ambos sectores era de apenas 1,5 millones de votos, sobre los 28 millones de venezolanos. O sea que prácticamente la mitad de la población estaría gobernada por el chavismo, y la otra mitad, por la oposición. Fue la gran oportunidad que tuvo ese arco opositor que no termina de encontrar el rumbo, y que sigue dejando la iniciativa política en manos de los estudiantes universitarios, para encarar su reorganización y plantearse como alternativa real al líder bolivariano.

Chávez lleva diez años en el poder, y la oposición política en Venezuela sigue sin encontrar un rumbo común. Como dirían nuestras abuelas, no los une el amor, sino el espanto. Y por eso su lugar lo ocupan los jóvenes y los estudiantes universitarios.

A diferencia de ellos, el comandante Chávez se echó inmediatamente, con todo el peso del aparato del Estado, a una nueva campaña plebiscitaria –ciudad a ciudad, barrio a barrio, e inclusive casa a casa- para sacarse de encima las restricciones temporales al ejercicio repetido del mandato presidencial.

Y esta vez, le funcionó. La victoria del referéndum del domingo pasado ha sido clara, (nuevamente con 1,5 millones de votos de diferencia, pero esta vez todo a su favor), y con ella ha eliminado las trabas constitucionales para su reelección indefinida. Y para qué perder tiempo, inmediatamente se ha proclamado candidato a la presidencia en 2012, en un rapto casi místico, parafraseando al apóstol Pablo: “Me consumiré gustosamente al servicio del pueblo sufriente.”

Pero el proceso electoral ha sido limpio. Venezuela no es hoy una dictadura, ni Chávez un dictador, sino un caudillo que opera dentro de una legalidad que, si bien es cierto que él mismo la ha construido a su medida, también lo es que el electorado venezolano se la consiente. De ahora hasta que termine su actual mandato constitucional, el comandante Chávez tiene tiempo sobrado para consolidar un sistema que, manteniendo las formas, sea funcional a sus aspiraciones. Mantendrá los partidos, porque le dan un cierto toque de pluralismo, y no le quitan el sueño, como se ha visto. Un modelo que Teodoro Petkoff, el intelectual de la oposición, ha designado como “totalitarismo light”.

Pero en la faz económica, en cambio, “pintan bastos”, como dirían en España. Chávez ha financiado su modelo de crecimiento y redistribución en la exportación de petróleo, que llegó a estar a 140 dólares el barril; pero es que ahora está a 40, y no hay expectativas cercanas de cambios en la tendencia. Y por dentro, además, lo empuja una inflación del orden del 30 por ciento (40 por ciento en los alimentos). Esta combinación obligará a Chávez a adoptar una política fiscal más estricta, y, seguramente, a reducir los cheques dirigidos a los programas sociales, que son la base de la “revolución socialista” bolivariana.

Y eso dibujará otro escenario, porque la Constitución ahora le permite mantenerse en el poder… siempre y cuando gane las elecciones.

Fisuras en la "Concertación" chilena

FISURAS EN LA “CONCERTACIÓN” CHILENA

por Nelson Gustavo Specchia

(desde Santiago de Chile)

El sistema de partidos políticos, base del modelo republicano, se encuentra jaqueado en América latina. En una nueva vuelta de rosca histórica, el clásico partido político, concebido por la modernidad occidental como la herramienta para canalizar la representación de la voluntad ciudadana, se enfrenta a combinaciones con nuevas formas de participación y organización política, y convive con formas híbridas de representación popular. Alteraciones sustantivas, en suma, que pueden recalificar la funcionalidad del partido político clásico a nivel continental.

Este nuevo momento crítico sucede al que los partidos –junto con el conjunto de la sociedad latinoamericana- tuvieron que soportar en la década de los ’70 del siglo pasado, cuando el avance del autoritarismo y la instalación de dictaduras militares sumergió la dinámica partidaria, hasta prácticamente hacerla desaparecer de la faz pública durante largos años.

Como en aquella oportunidad, la coyuntura crítica que atraviesan hoy los partidos políticos toma muy diversas formas, según sean las características y el momento institucional específico de cada país latinoamericano. El surgimiento de organizaciones políticas asociadas a movimientos sociales, la transversalidad horizontal de liderazgos, la emergencia de representaciones vinculadas con colectivos tradicionalmente oprimidos (como los indígenas), y las coaliciones programáticas, parecen ser las principales variantes que se ofrecen como alternativas a los partidos.

Chile encontró en esta última modalidad, la coalición interpartidaria, la vía con que enfrentó la transición desde la dictadura pinochetista, y la herramienta con que ha disputado el espacio político a la derecha en los gobiernos democráticos. La “Concertación” –alianza entre la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), y el Partido por la Democracia (PPD)-, ha logrado retener el poder desde la transición hasta la actualidad. Pero este esquema de concentración de poder, y de distribución de cargos ejecutivos entre los socios de la coalición, parece haberse desgastado, y ciertas fisuras preocupantes comienzan a hacerse evidentes.

La Concertación logró ubicar en la Presidencia de la República a dos demócrata cristianos: Patricio Aylwin, que capitaneó la transición desde la dictadura, y Eduardo Frei, que le sucedió; a don Ricardo Lagos, fundador del PPD y uno de los gestores del “No” en el plebiscito convocado por Pinochet para intentar perpetuarse en el poder; y la actual mandataria, la socialista Michelle Bachelet. A la Presidenta le queda aún un tercio de mandato, pero los reacomodamientos al interior de la coalición comienzan a expresar cierta fatiga del modelo, luego de sucesivas administraciones. Una tendencia similar disparó la crisis del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México, luego de una extensa permanencia en el Ejecutivo, y terminó desplazándolo del poder.

En Chile, los síntomas de fatiga han aflorado en el socio mayoritario de la Concertación, la DC. A pesar de su mayoría relativa en la alianza interpartidaria, no ha logrado imponer sus candidatos a Presidente en las dos últimas elecciones; sumadas a este elemento, las poco aceitadas vías de promoción de las segundas y terceras líneas de dirigentes, y el permanente estado de negociación entre los socios –tanto para llevar adelante los programas de gobierno, como para definir las listas de candidatos a los cargos electivos-, han encendido la luz amarilla.

La semana pasada, la presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, ha solicitado la expulsión de la DC del histórico dirigente Adolfo Zaldívar: esta movida en el tablero podría llevar al quiebre de la propia DC, y, eventualmente, podría poner en riesgo la continuidad de la Concertación en el gobierno de Chile tras las próximas elecciones.

La Presidenta Bachelet, que soporta duras críticas por su supuesta prescindencia y lejanía de la vida política chilena, parece resignada a ocupar un papel secundario, a pesar de que las disputas sobre el liderazgo afecten directamente a su administración: la iniciativa de expulsión de Adolfo Zaldívar de la DC se asienta en su alianza, en el Senado, con la oposición de derecha para oponerse a la solicitud de fondos de la Presidenta, con destino al sistema público de transportes, “Transantiago”.

La señora Alvear, varias veces ministra del Ejecutivo en gestiones anteriores, líder de una corriente importante dentro de la DC, y hoy senadora de la República, quiere ser candidata a Presidenta, y suceder a Michelle Bachelet. El señor Zaldívar, también senador, también ex presidente de la DC, también líder de un sector importante dentro de la Concertación, quiere lo mismo. El ex Presidente Eduardo Frei, quien cree que puede presentarse como una figura de consenso, quiere lo mismo. Y lo mismo quiere el ex Presidente Ricardo Lagos.

Todos quieren llegar a La Moneda con su propio esfuerzo y por su propia figura. El partido, como herramienta de participación política, se va relegando a un segundo plano.