Frente a la
renuncia del presidente Fernando de la Rúa, dada la anticipada dimisión del
vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, la primera magistratura del país quedó
vacante, circunstancia que –en virtud de la Ley de Acefalía– facultó al
presidente provisional del Senado (a la sazón, el senador por la provincia de
Misiones, Ramón Puerta) a ejercer el Poder Ejecutivo. Siguiendo el proceso
constitucional, el senador Puerta convocó dentro de las 48 horas a la Asamblea
Legislativa para que se abocara a elegir al funcionario público que habría de
desempeñar el cargo hasta la elección de un nuevo Presidente.
En vísperas de la
Navidad de 2001, el 23 de diciembre, y luego de 12 horas de intenso debate, los
representantes del pueblo, titulares del poder político, reunidos en Asamblea,
resolvieron –por iniciativa del Partido Justicialista– la conformación de un
gobierno provisorio y la posterior convocatoria a elecciones mediante el
sistema electoral de lemas (esto último, para resolver en las votaciones
generales la puja interna del propio Partido Justicialista). Fijaron la fecha
de las elecciones el 3 de marzo de 2002, con ballotage previsto para fines de
ese mismo mes, el 30 de marzo.
La elección del
presidente provisional por parte de la Asamblea Legislativa recayó en el
entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quién
debía ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo hasta el 5 de abril del año
siguiente, cuando entregaría el gobierno al Presidente que hubiera resultado
electo en los comicios del 3 de marzo. Este período exiguo se reveló, aún así,
demasiado largo para el nuevo primer mandatario, quien sólo permaneció en el
poder siete días. Pero este resultado no estaba en sus planes, como se revela
en su Discurso de Investidura, que tuvo la impronta de un gobierno de largo
plazo, tanto por las enérgicas medidas explicitadas en el plan del gobierno de
emergencia, como por la euforia parlamentaria con que fue recibido.
Entre estas medidas, una de las más polémicas fue la declaración del “default”
financiero por la suspensión del pago de la deuda externa. “No podemos obviar
con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos
parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia
argentina”, dijo. Asimismo, el Presidente recién nombrado por la Asamblea
anunció la entrada en circulación de una nueva moneda no convertible, llamada
“Argentino”, con la cual financiaría planes de vivienda, otorgaría más de
100.000 subsidios, y aumentaría las remuneraciones de jubilados y empleados
estatales.
A pesar de las
recurrentes críticas al régimen monetario imperante, el Presidente ratificó la
convertibilidad de la moneda que había puesto en marcha el presidente Menem y
había mantenido De la Rúa, ambas con la gestión del ministro Domingo Cavallo a
cargo de las políticas económicas. En su Discurso de Investidura Presidencial,
Adolfo Rodríguez Saá sostuvo al respecto: “En la actual crisis económico-social
que vive el país, son falsas las opciones de dolarización o devaluación que
presentan a la convertibilidad como el mal de la sociedad argentina. (…) Una
devaluación significaría disminuir el salario de los trabajadores en la misma
proporción, sumado a la posibilidad cierta de un descontrolado incremento de
precios, afectando el consumo de sectores asalariados o con ingresos fijos”. De
esa manera, la convertibilidad seguiría vigente.
Otra renuncia anticipada
Rodríguez Saá había
sido elegido Presidente por tres meses pero hacía anuncios de mediano y largo
plazo. Además del default de la deuda externa, la puesta en circulación de una
nueva moneda no convertible y la continuidad de la convertibilidad, otro
ambicioso punto de su plan de gobierno, que hacía dudar de los alcances
provisionales de su gestión presidencial, fue la creación de un millón de
puestos de trabajo.
Además, para ajustar los gastos del Estado, anunció un plan de austeridad que
incluía rebajas de sueldos de los funcionarios, eliminación de ministerios y
venta del parque automotor y de aviones. En un anuncio no exento de demagogia,
el Presidente dijo que nadie podría ganar más que el titular del Poder
Ejecutivo, cuya remuneración sería fijada en $ 3.000 (tres mil pesos) por todo
concepto. Como se fuera una decisión estratégica dijo a la Asamblea
Legislativa: “en la emergencia gravísima que vive el país, también pondremos en
venta, y nos animaremos a hacerlo, el parque aeronáutico de la Presidencia de
la Nación”.
Sus escasos días de
gobierno estuvieron atravesados por intensas negociaciones con los sectores
sociales en pugna. Aunque logró reunificar la Central General de Trabajadores (CGT),
no pudo negociar con la Unión Industrial Argentina (UIA), ni con un sector
considerable del propio Partido Justicialista que lo había aupado a la primera
magistratura.
Los empresarios
reunidos en la UIA estaban disconformes con la decisión de no devaluar la
moneda. Los peronistas, por su parte, eran contrarios a la pretensión de Adolfo
Rodríguez Saá de continuar en el cargo hasta completar el mandato de Fernando
de la Rúa, en diciembre de 2003. Luego de un frustrado encuentro con los
gobernadores para definir un nuevo gabinete, después de aceptar la renuncia de
algunos ministros sospechados de corrupción y tras analizar un nuevo plan
económico, el Presidente provisional perdió el respaldo original de los líderes
justicialistas. Lo cual, sumado a las protestas populares, aceleró su
alejamiento de la primera magistratura interina.
En su carta de renuncia a la Presidencia de la Nación, Adolfo Rodríguez Saá
sostuvo: “He puesto mis mejores esfuerzos de argentino para cumplir con el
mandato que se me otorgara. (...) Algunos gobernadores que no comprenden la
gravedad del momento me han quitado el apoyo. No me queda otro camino que
renunciar de forma indeclinable al cargo de presidente de la Nación Argentina”.
Mientras tanto, el
presidente provisorio del Senado, Ramón Puerta, había renunciado antes que
Rodríguez Saá. Por lo tanto, siguiendo la Ley de Acefalía, el presidente de la
Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, a cargo interinamente del Poder Ejecutivo
Nacional, convocó una vez más –a pocos días de haberse reunido- a los diputados
y senadores a que se reunieran en Asamblea y se abocaran a la designación de un
nuevo Presidente provisional. La nominación recaería entonces en el ex
vicepresidente de la Nación y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo
Duhalde, electo senador por su provincia dos meses antes.
Fue la expresión de
la mayor crisis política que vivió Argentina en estas tres décadas de
democracia: Rodríguez Saá había sido elegido el 23 de diciembre, con mandato
hasta el 30 de marzo, pero se fue siete días después de su elección. De esa
manera, fue el primer Presidente de origen justicialista que renunció a la
primera magistratura. Luego vino Eduardo Duhalde, quien tampoco pudo concluir
su mandato. Pero de esa gestión nos ocuparemos en el siguiente artículo.
Carta de Miami - página 2 -
Hoy Día Córdoba – martes 18 de junio de 2013
China entra por el canal
porAnita Rey
En la agenda oficial de las conversaciones
entre Barack Obama y el presidente chino, Xi Jinping, en la reciente visita de
este último a los Estados Unidos, no figura que hubieran abordado el
megaproyecto de inversión de China en Nicaragua para habilitar un nuevo paso
bioceánico alternativo al del Canal de Panamá. Pero se sabe que en estos
encuentros de máximo nivel, las conversaciones de los líderes no quedan
limitadas a los punteos delimitados en las agendas oficiales. Sería, además,
natural que hubiera aparecido en algún momento de los diálogos bilaterales.
El
istmo panameño ha estado, tradicionalmente, bajo la tutela oficiosa de Washington,
y una nueva apertura de comunicación en el Norte entre los océanos Atlántico y
Pacífico supondrá un cambio del comercio exterior con imprevisibles
consecuencias en el equilibrio entre ambas potencias.
Las economías americanas
miran cada vez más ávidamente los mercados orientales y el claro ascenso de
China. En 2011, como una respuesta a la revitalización del Mercosur y al
respaldo chavista a la Unasur,
se lanzó la Alianza
del Pacífico entre los gobiernos andinos menos alineados con el bloque de
izquierdas populistas: Colombia, México, Chile y Perú. Estos cuatro países, que
se han esforzado por mantener la apertura de sus mercados (incluyendo, algunos
de ellos, la firma de Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea), tienen la
intención estratégica de acercarse a China, a la que visualizan como el futuro
eje de la acumulación internacional.
Ya hoy la potencia oriental se constituye
como el principal socio comercial de América del Sur, en el conjunto de los 144
países que la tienen como primera de la lista. Pero, hacia América, ese alto
perfil de China se define por el rol de compradora de materias primas (soja y
sus derivados, principalmente) desde Argentina y Brasil.
Ahora, además,
comienza a complementar ese alto perfil con inversiones directas en
infraestructura, un camino que hace años que transita en África.
La semana
pasada, la Asamblea
Nacional de Nicaragua anunció la concesión, por 50 años
prorrogables, de todos los derechos para construir un nuevo canal
interoceánico, a través de su suelo, al empresario chino Wang Jing.
La
oposición política, como los colectivos ambientales, criticaron la decisión del
presidente Daniel Ortega por considerarla una “absurda entrega de soberanía y
amplios poderes a un chino”. Los sandinistas, en cambio, celebraron lo que
consideran “una oportunidad para sacar a Nicaragua de la miseria”.
El nuevo
canal hará crecer la economía del país centroamericano hasta un 15% con el inicio
de la faraónica obra, generará cientos de miles de trabajos e inyectará unos 40.000
millones de dólares en infraestructura.
Pero nadie duda que los beneficiarios
finales serán los propios chinos.
La Voz del Interior
– Suplemento Papal – Política Internacional – 15 de marzo, 2013
NUEVO PONTIFICADO
Un estrecho círculo de sombras
por Nelson Gustavo
Specchia
Politólogo.
Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba)
Con apenas unas
ligeras variaciones, el cónclave que acaba de terminar con la elección del
cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, que reinará con el nombre de
Francisco, se ha mantenido a lo largo de los siglos y hasta de los milenios.
La modalidad de designación política y canónica de un nuevo Obispo de Roma
(que, por ese carácter, asume también la dignidad de ser “primus inter pares” y
cabeza de la Iglesia)
logró tan extensa vida útil porque las condiciones objetivas del mundo se lo
permitían.
El séptimo círculo
El máximo secreto y
la decisión limitada a un puñado muy selecto de hombres ancianos tenía, hasta
ahora, su correlato en una realidad internacional acotada y previsible, donde
las grandes decisiones estratégicas también eran prerrogativas de un club exclusivo
de hombres. Otro círculo, cuyos miembros se comunicaban entre sí con unos
códigos no accesibles al común de la población, y se enviaban mensajes y
documentos a través de unos funcionarios especiales –el cuerpo diplomático-
cuyo oficio supone el carácter reservado y secreto.
Pero esa realidad
internacional relativamente previsible y equilibrada –aunque fuese mediante el
equilibrio del terror atómico- ya comienza a formar parte de la historia. El
balance bipolar del mundo saltó por los aires a fines de la década de los años
’80 del siglo pasado, y en paralelo a esa patada al tablero de la
previsibilidad, el desarrollo acelerado de la sociedad de la información fue
estrechando cada vez más los círculos dentro de los cuales el secreto puedo
permanecer en las sombras.
Intentar que se
mantengan unos métodos que se arrastran desde el Medioevo en plena
transformación de la sociedad de la información parece, cuanto menos, un
despropósito. Hoy las cadenas televisivas funden la historia con el tiempo real
(como la CNN con
las guerras del Golfo, la invasión de Irak y de Afganistán), y los “hackers”
informáticos traspasan hasta los “firewalls” tecnológicamente más desarrollados,
como los que protegen a las computadoras de la Agencia Central de
Inteligencia –CIA- o al Departamento de Estado norteamericano.
Los propios papeles
clasificados de las comunicaciones al interior del círculo del poder no logran
permanecer bien guardados en las “valijas diplomáticas” (esos recipientes
antiguos en que viajaba el secreto) y quedan expuestos a la luz pública. El
caso más resonado, WikiLeaks y su cruzada por la transparencia, es apenas el
inicio de un camino sin retorno: desde 2008, cuando comenzó a operar, su base
de datos no ha dejado de crecer y ya va difundiendo 1,2 millones de documentos clasificados
(incluyendo los 251.187 cables de la diplomacia estadounidense con sus
embajadas, la mayor filtración de documentos secretos de la historia y la
piedra del escándalo).
En ese contexto de
globalización informativa, los métodos de elección papal no podrán permanecer
inmunes. Pero no solo ellos: también las maneras en que los pontífices se
relacionan con ese mundo en transformación deberán necesariamente adaptarse.
Roma locuta, causa finita
Y en este punto, la
elección de un papa no europeo, además de la radical novedad histórica
implicará también un desafío en las relaciones de la Iglesia y del Estado
vinculado a ella con el emergente escenario de la sociedad de la información.
Francisco, romano
pontífice, será el líder espiritual de una comunidad religiosa calculada en
1.200 millones de personas en todo el mundo, y jefe administrativo de un cuerpo
de agentes pastorales de unos 420.000 sacerdotes y 5.100 obispos. Pero además
de este colectivo interno, será también la máxima autoridad de una unidad
política reconocida por la comunidad internacional. La Ciudad del Vaticano es un Estado
a todos los efectos, su régimen político es una monarquía electiva y absoluta –desde
ayer, Jorge Bergoglio es también rey- y sus embajadores –los nuncios
apostólicos- lo representarán en los cuerpos diplomáticos frente a los demás
gobiernos del mundo.
Estos nuncios han
sido tradicionalmente la expresión más mundana del solio pontificio.
Generalmente son diplomáticos de carrera, con poca o nula experiencia pastoral,
a quienes se les asignan obispados ficticios u honorarios. Son expertos en el
lobby político y también el principal conducto de comunicación secreto entre el
papa y los engranajes del poder local. Con sus túnicas y ropajes anacrónicos
imponen respeto ceremonial y protocolario; preceden, por costumbre, a los demás
embajadores acreditados (“Decanos del cuerpo diplomático”) y tienen una
incidencia importante en temas de política interna, como, por ejemplo, en la
designación de los ministros y secretarios de Educación.
La comunicación de
las nunciaturas no es unidireccional: no solo “baja” directrices desde el
Vaticano, sino que también es la ventanilla por la que los grupos de los
círculos de poder al interior de los países envían a Roma cuestiones
problemáticas, informaciones sensibles, y también muchos chismes. Porque el
gobierno de la Iglesia
ha ido perdiendo, con la acumulación de años y de tradiciones, el original
espíritu colegiado de los pastores, acentuando, en su lugar, la estructura de poder
y de decisión verticalista, que tiene su punta en el sillón del papa: cuando Roma habla, la causa se ha terminado.
Nueva agenda
Al elegir a Karol
Wojtila, el polaco que reinó con el nombre de Juan Pablo II, la Iglesia rompió una
tradición de más de 500 años durante los cuales los papas fueron exclusivamente
italianos. Esos cinco largos siglos modelaron una organización burócratica,
romana y latina, que se fue alejando del mundo y de la realidad del hombre de a
pie.
Ahora, un nuevo
salto: un papa no italiano, ni siquiera europeo. Sudamericano, y argentino.
Jorge Bergoglio tiene ante sí la gran oportunidad del siglo, no solo de su
vida: volver a “aggiornar” la institución eclesial, como lo hiciera en su
momento Juan XXIII con el Concilio.
Hacia adentro,
imaginar nuevos modos de gobernar la
Iglesia (y de elegir a sus futuros sucesores), recuperando el
espíritu colegiado para expresar la multiplicidad cultural que hoy conforma el
cuerpo religioso y la estructura temporal de la organización. Y hacia afuera,
relegando el secretismo y las presiones subterráneas hacia el poder político,
priorizando una apertura a las diferencias y a la transparencia en la gestión.
No es poco, pero
Jorge Bergoglio es un hombre capaz de hacerlo. Habrá que ver si quiere.
La historia argentina, tanto la de
nuestros primeros tiempos, como la de los años de la guerra civil, está
llena de baches y de huecos.Más de una vez hemos tenido que apelar a los buenos oficios de ese sector difuso denominado "novela histórica" para cubrir, con algunos datos y una imaginación perspicaz, lo que la falta de documentos, la pérdida deliberada de memorias y referencias y los intereses políticos de la actualidad contribuyen a ocultar.
Aunque en menor medida, esa brecha se mantiene en la historia contemporánea, y es esperable que las aristas más positivas de la sociedad de las comunicaciones, con su inevitable transparencia y redes de comunicación en tiempo real, tiendan progresivamente a ir reduciendo esas zonas grises al mínimo.
La información no sólo es poder en manos de las elites, y -como ya lo dejara escrito con pluma afilada don Miguel de Cervantes- la historia no sólo es el "depósito de las acciones" pasadas, sino, fundamentalmente, el "ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo por venir".
En esta línea, es bienvenido el volumen "Perón - Frondizi. La Conversación", de Luis Eduardo Meglioli, que acaba de publicar el sello editorial cordobés El Emporio. Meglioli es un periodista con una larga trayectoria en diversos medios de prensa, y con una década de trabajo en Europa (para la agencia Europa Press, y para cadenas como la Televisión Española y Antena 3), y este trabajo no es el primer ensayo que le dedica a la figura de Perón, especialmente a los años del exilio del General en la residencia madrileña de Puerta de Hierro. Aquí, Meglioli logra reconstruir, reproducir (y hasta acompañar el libro con un disco compacto que registra la conversación original), y presentar en su contexto histórico el diálogo que mantuvieron el general exiliado con el correntino Arturo Frondizi, durante un amable duelo verbal y de ideas de tres horas, el 13 de marzo de 1972.
Por primera vez se reunían en privado, los dos presidentes que han dejado estela de estadistas a su paso por el ejercicio del Poder Ejecutivo, en la corta historia democrática del siglo XX argentino.
Dos grandes adversarios, protagonistas de una Argentina dividida y enfrentada, superaban la coyuntura y los distanciamientos y se acercaban tácticamente para diseñar juntos un plan que superara las aristas más difíciles, e intentar recuperar desde la política la institucionalidad perdida.
Frondizi había utilizado la tribuna proselitista y la banca parlamentaria para criticar acerbamente al peronismo y a su fundador; se había hecho cargo de la jefatura de la bancada de los diputados radicales tras la detención, desafuero y encarcelamiento de Ricardo Balbín. Pero se acercó por primera vez al General después del golpe de la Libertadora y aquella esquizofrénica proscripción del peronismo, que llegó a prohibir que se mencionara la palabra. Una toma de posición que se traduciría más tarde en la orden de Perón de votar por Frondizi, en febrero de 1958. Pero las fuerzas que habían horadado la institucionalidad no habían sido conjuradas, y los golpes de Estado continuaron.
La conversación de Perón con Frondizi, en el helado invierno madrileño, constituyó un intento de superar unas antinomias que, en alguna medida, los argentinos seguimos sufriendo. En este libro están, por primera vez, los términos en que transitó ese intento. Una lectura obligada para comprender este complejo presente.
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Conmemoramos Mayo. El nombre de este mes ya tiene para nosotros un conjunto de significados intrínsecamente vinculados a él. Patria, revolución, independencia, emancipación, libertad. Una asociación de valores republicanos, inculcados en cada ciudadano desde la primera escolarización, que ha sido la herramienta de construcción de esa entidad psicosocial que denominamos argentinidad. Pero todos estos símbolos lingüísticos y sus significados han integrado esta construcción histórica desde un lugar determinado, desde opciones y valores ideológicamente definidos, y en contextos históricos concretos. Sobre éstos, estamos a veces tan centrados en la conmemoración y en la fiesta del bicentenario, que se pierde un tanto el sentido de perspectiva, de relación.
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Hemos aislado nuestro Mayo, haciendo énfasis en la dimensión “nacional”, porque era un requisito del armado de la organización política que surgía en 1810; pero doscientos años atrás este Mayo nuestro era indisociable e indistinguible de un movimiento mayor, regional, continental incluso. “Un detalle de la revolución de América”, como lo definió Alberdi. Cada Estado latinoamericano, luego de las revueltas y de las décadas de inestabilidad organizativa, generó su particular apropiación del momento de nacimiento de la patria. Los argentinos hicimos otro tanto. Pero no sería un ejercicio intelectual sin importancia colocar nuevamente nuestro Mayo en relación, en perspectiva regional, con el resto de los actores que participaron en ese encadenado de circunstancias que terminaron en la división política de la América hispana. Colocando la mirada “nacional” en el entorno común, es posible que se adquieran otros elementos de juicio para analizar y comprender este presente que vivimos los latinoamericanos. En este sentido, este Mayo es una oportunidad “histórica”.
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Lecturas diversas
Los eventos que denominamos “revoluciones de independencia” en la primera década del siglo XIX, constituyen hechos históricos concretos. Pero esos hechos calendarios no han sido unívocamente leídos por las élites y los intelectuales que han tenido a su cargo la redacción del relato histórico que luego, mediante la escolarización, se establecería como discurso hegemónico. Al contrario, las puebladas emancipadoras aparecen, para un lector no necesariamente imbuido de nuestras contradicciones y debates locales, como dos corrientes de sucesos diferentes. Y es posible que esa dicotomía interpretativa esté en la base de los desencuentros profundos de la política latinoamericana.
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Las independencias y el surgimiento de los Estados en América hispana se han leído, por un lado, como una reacción conservadora, monárquica, castiza, anti francesa (o sea: anti extranjera), españolista y Fernandiana, y por ende católica y nacionalista. Y, por otro lado y al mismo tiempo, se han leído como las únicas y auténticas revoluciones progresistas de estos doscientos años de corta historia, roussonianas (o sea: afrancesadas), libertarias y jacobinas, librepensadoras y republicanas, y por ende laicas y democráticas.
Estas dos lecturas han estado, dialécticamente, en el origen de muchos de los rumbos erráticos, de los divorcios entre clases dirigentes y grandes colectivos sociales en América latina. Dos lecturas yuxtapuestas que han hecho parte de la inestabilidad política y de algunos de los capítulos negros de violencia y muerte que los países de la región hemos tenido que cruzar.
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Cuentas del desencuentro
Desde una perspectiva local, algunas cifras pueden contribuir a rendir cuentas de ese desencuentro de lecturas de los hechos revolucionarios con que nacían nuestras patrias. A partir de Mayo, los argentinos demoramos 6 años en declararnos independientes, y 37 años más en sancionar una Constitución que saldara, por lo menos formalmente, la lucha entre unitarios (librepensadores y laicos) y federales (nacionalistas y católicos). Otros 7 años en integrar a Buenos Aires (progresista y cosmopolita), la gran ausente de la Confederación (castiza y parroquial).
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Después de guerras civiles interminables y de fracasadas constituciones tan unitarias como los presidentes que de ellas surgieron, ganaron –supuestamente- los federales. Había dicho Moreno: “no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas… o nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos, sin destruir la tiranía.” Pero luego Rosas proponía la otra lectura: Mayo no se hizo, decía el Restaurador, “para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad. No se hizo para romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más.”
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Tras la Constitución, 52 años, otro medio siglo, para terminar en 1912 con el fraude electoral. Más de un siglo desde Mayo hasta el primer presidente elegido por el voto libre de los argentinos, Hipólito Yrigoyen. En 1922 don Hipólito le colocó la banda presidencial a Marcelo T. de Alvear, y esa imagen, la de un presidente constitucional saliente que haya concluido su mandato, poniéndole la banda a otro presidente que vaya a concluir el suyo, no se ha vuelto a repetir nunca más en la Argentina.
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El golpe que tumbó a Yrigoyen (republicano y libertario), dado por los militares (conservadores y nacionalistas) en 1930, inició la bochornosa sucesión de interrupciones del orden legal y constitucional que, en espiral ascendente de violencia y horror, llegaron hasta 1983, dejando el hueco de 30.000 compatriotas desaparecidos.
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La Argentina tuvo 22 presidencias en 53 años. Ni los militares pudieron asegurarse la continuidad, también entre ellos había roussonianos liberales enfrentados a católicos conservadores, y hubo golpes dentro de los golpes. Una inestabilidad que adquiere sus verdaderas dimensiones si la observamos en perspectiva comparada: demoramos más de un siglo para que los gobiernos fueran elegidos por el pueblo. Si sumamos que el sufragio verdaderamente universal llegó recién en 1947, con la inclusión de las mujeres; que entre 1930 y 1983 vivimos 32 años bajo gobiernos militares, sin garantías constitucionales; que los gobiernos de Frondizi e Illia surgieron mientras estaba vigente la proscripción del peronismo, advertiremos que han sido más las sombras que las luces desde que Mayo nos abrió a la vida independiente. Las cuentas de los demás países latinoamericanos no difieren, en gran medida, de nuestra aritmética política.
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El bicentenario como oportunidad
Con la desafortunada excepción de Honduras, la región celebra el bicentenario en democracia. Una democracia limitada, con restricciones económicas y sociales, con crisis políticas y deficiencias institucionales, pero una democracia que –en nuestro país- ha logrado mantenerse por 27 años consecutivos, una auténtica novedad histórica.
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En este panorama regional, el tiempo de los bicentenarios puede ser una auténtica oportunidad para replantear, con honestidad, un debate sobre las causas profundas de estos desencuentros. Entre nosotros ha prevalecido mayoritariamente sobre Mayo una lectura dual, un “solo a dos voces”, con escasos momentos corales. Pero no podemos pasarnos los próximos doscientos años entrampados en las lecturas confrontativas de los últimos doscientos años.
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El análisis de ese distanciamiento arroja un balance deficitario para América latina en cuanto a calidad del sistema político, del avance en grados superadores de representatividad, de estrategias inclusivas, de tolerancia, de respeto por las diferencias y por la radical “otredad” de cualquier minoría, de garantías y cuidados jurisdiccionales, de estabilidad institucional y, en definitiva, de paz social.
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Este Mayo de 2010 nos encuentra en unas coordenadas especiales. La celebración, junto al primer cuarto de siglo de inédita continuidad democrática, y junto a la reafirmación de un modelo de progreso real en las estructuras sociales, es un escenario propicio para llamar a la reflexión sincera, desenmascarada, que supere las lecturas antitéticas entre las que nos hemos movido la mayor parte de esta –corta y extensa- historia bicentenaria.
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nelson.specchia@gmail.com
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Nelson Gustavo Specchia
profesor de política internacional, UCC
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Que tenemos vocación de granero del mundo forma parte del imaginario colectivo. Esta afirmación recibe hoy el respaldo político, que intenta reposicionar, en el centro de atención estratégica, un modelo concentrado en la producción agrícola orientada a los mercados externos. Pero esta alternativa acarrea riesgos altos, especialmente atendiendo a la estructura social, el entramado cultural interno y la inserción internacional de la Argentina.
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El gran modelo exitoso del pasado, al que vuelve recurrentemente el saber popular, se gestó en un contexto histórico de muy difícil reproducción. Argentina se integró al sistema mundial entre el último cuarto del siglo 19 y la primera mitad del 20 como economía primaria exportadora. En 1914, la superficie sembrada era de 24 millones de hectáreas, 40 veces más que la registrada en el primer censo, en 1869. En ese período, la población se cuadruplicó, creciendo a un ritmo del tres por ciento anual y trabajando principalmente en tareas agrarias.
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Con ello, la Argentina logró crecer a un ritmo del cinco por ciento, y la primera revolución tecnológica facilitó las cosas: la industria británica necesitaba las exportaciones primarias.
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Estas condiciones están muy lejos de las perspectivas actuales. Los últimos intentos de reinstalación de una lógica centralmente agroexportadora tuvieron consecuencias negativas. El primero, a mediados de los ´70, condujo a una importante desindustrialización. El segundo, en los años ´90, impulsó la concentración de tierra en grandes empresas, el vaciado de poblaciones rurales, pérdida de diversidad, y grandes extensiones destinadas a monocultivos transgénicos.
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La concentración producto de la fuerte transferencia de unidades productivas a grupos empresarios empujó la crisis a los pueblos que vivían del campo, cuyos pobladores acrecentaron los cinturones de pobreza suburbana. Esta fue la cara más cruda del último modelo agroexportador en un contexto globalizado.
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La sociedad argentina del siglo 21 no tiene parangón con aquella del granero del mundo. La diversidad, pluralidad y complejidad de los agregados sociales actuales harían inviable un nuevo intento de reinstalar un experimento económico demasiado sesgado hacia la producción y exportación de productos primarios. Estos ya son otros tiempos.
. . LA VOZ DEL INTERIOR – Suplemento Temas Domingo 6 de diciembre de 2009
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nelson.specchia@gmail.com
. Argentina, desindustrialización, diversidad, economía, medio rural, modelo agroexportador, producción primaria, soja, transgénicos
Profesor de Política Internacional de la Universidad Católica de Córdoba
El lunes de esta semana América estuvo inmersa en un “tiempo de cumbres”: mientras en Guadalajara el presidente mexicano, Felipe Calderón, oficiaba de anfitrión frente a sus dos colegas del Nafta (North American Free Trade Agreement - Tratado de Libre Comercio de América del Norte), Barack Obama y el canadiense Stephen Harper, algunos kilómetros al sur, en Quito, Rafael Correa recibía a los presidentes de los países integrantes de la Unasur - Unión Sudamericana de Naciones. Y en la capital ecuatoriana eran tan importantes las presencias de los líderes latinoamericanos, como la ausencia de uno de ellos: Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
Una ausencia no sólo significativa, sino que además determinante, y para ambas Cumbres. Porque explícitamente en la del Sur, pero también –implícitamente- en la del Norte, en el centro de las agendas destacaba el tema “estrella” de la política internacional a nivel continental: la instalación –o no- de unidades del ejército norteamericano en bases colombianas.
En Guadalajara, Calderón enfrentaba, como podía, la reunión con sus pares: su principal objetivo era que no lo sacaran del Nafta, aunque la diferencia de escalas entre la economía mexicana y las otras dos sea abismal, lo que convierte al acuerdo entre dos gigantes y un enano en uno de los tratados de libre comercio más desequilibrados de la historia. En segundo lugar, Calderón esperaba que los cien millones de dólares que Obama le ha prometido para luchar contra el narcotráfico ya estuvieran en la mesa, pero estas partidas siguen detenidas en las comisiones del Congreso norteamericano, que no ve muy claro los métodos mexicanos para llevar adelante esa guerra interna. Stephen Harper, por lo demás, le dio la ducha fría al mexicano con la reimplantación del visado para viajar a Canadá. Ante la falta de buenas nuevas de relevancia, el tema de las bases en Colombia fue tratado extensamente.
El mismo tema nucleaba la reunión de Quito. Evo Morales pedía, en nombre del bloque del Alba - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, una condena a Colombia. Y Hugo Chávez volvía a anunciar el supuesto riesgo de una confrontación armada en suelo sudamericano, en el caso de que las bases se volvieran operativas para los “marines” de los Estados Unidos. Uribe, en su mini gira de la semana pasada por varios países integrantes de la Unasur no cosechó grandes éxitos, pero, a la vista de lo sucedido en Quito, logró neutralizar en parte la andanada. No hubo condena, como pedía Evo, y se programó una nueva reunión de emergencia de la organización, esta vez con la presencia del presidente colombiano. En estas dos resoluciones, sorprendió el protagonismo y las posturas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tradicionalmente, la Presidenta se siente cómoda cerca de las posiciones del grupo chavista, pero el lunes puso las notas moderadas de la reunión de Quito: se opuso a la condena solicitada por Morales, reprendió a Chávez por su belicosidad y tremendismo, y ofreció el suelo argentino para una nueva reunión, en la que estuviera Uribe. Cristina Fernández consultó con el presidente colombiano, éste no puso ningún reparo para asistir a una convocatoria liderada por ella, y la reunión de emergencia se llevará a cabo en Bariloche, con el espectacular marco del lago Nahuel Huapi en invierno, y dentro de pocos días: el próximo viernes 28 de agosto.
Estructuralmente, a pesar del llamado de atención de la presidenta argentina al venezolano, las cosas no han cambiado demasiado, y la alianza estratégica entre ambos no sólo se mantiene, sino que se profundiza: desde Quito, Cristina voló a Caracas, firmó con Hugo Chávez una nueva serie de acuerdos bilaterales de comercio, y reemplazó a Colombia como proveedora de productos de exportación hacia Venezuela, desde alimentos, pasando por automóviles, y hasta maquinaria pesada. Así, el empresariado argentino es, hasta el momento, el sector más favorecido por el conflicto de las discutidas bases colombianas.
Si todo hubiera ocurrido con el previsible guión con que se venía interpretando la partitura de la política exterior latinoamericana, ese rol le hubiera correspondido al presidente brasilero Luiz Inácio da Silva, Lula, que desde hace tiempo viene bregando para que la preeminencia natural de su personalidad, y el peso específico de su país en el contexto regional, supongan su papel de árbitro entre la “pro-yanqui” Colombia y los gobiernos progresistas que la rodean. Y desde ese papel de réferi, de “primus inter pares”, proponer al mundo un polo de poder latinoamericano, cuya titularidad, claro está, habría de ejercer el propio Lula.
Pero el lunes pasado, en Quito, todos se salieron del guión. La presidenta Cristina esta vez le ha arrebatado –y por sorpresa- el protagonismo y la iniciativa. Álvaro Uribe ha dejado claro que la única alianza estratégica que le interesa es la norteamericana. Y Barack Obama, a pesar de ser tan políticamente correcto, no puede rechazar –por mucho que truene Chávez- el ofrecimiento de siete puntos de defensa militar servidos en bandeja.
Quizá la primera baja en el conflicto de las bases colombianas sea, precisamente, el proyecto de liderazgo regional del carismático Lula da Silva.
Toda la región andina no deja de levantar temperatura política en este invierno austral. Comenzó a subir la semana pasada, cuando salieron a la luz las aportaciones de las FARC, en un monto cercano al medio millón de dólares, a la última campaña presidencial ecuatoriana. Sin que esos aires se hayan calmado (Rafael Correa ya no niega los aportes, pero aduce que fueron realizados a sus espaldas), esta semana tomó estado público la tenencia de armas sofisticadas del ejército venezolano por parte de aquella misma guerrilla colombiana tan generosa en sus aportaciones a las campañas de los candidatos de los países vecinos.
Las FARC siempre se ha mostrado muy en consonancia con el discurso y los objetivos socialistas del presidente venezolano Hugo Chávez, y este entrecruzamiento de vínculos entre la guerrilla; Ecuador; las armas venezolanas; las negociaciones entre el presidente Álvaro Uribe para el uso de bases colombianas por parte del ejército norteamericano; los fracasos de la OEA como mediadora en los conflictos centroamericanos; Honduras con dos presidentes; y Evo Morales, en esta parte de los Andes, reconvirtiendo unos doscientos municipios en “autonomías indígenas”; levantan la temperatura a cotas de riesgo, al amenazar con el inicio de una situación crítica de múltiples aristas.
Las FARC, cada vez más debilitadas y sitiadas militarmente, han reforzado los vínculos con el liderazgo político más afín (especialmente Chávez y Correa), y han aumentado el financiamiento y la provisión de armamento con las redes de tráfico de cocaína. El haber encontrado lanzacohetes AT-4, suecos, en un campamento de las FARC, se combinó con cierta información de las computadoras incautadas en el ataque –en territorio ecuatoriano- al líder guerrillero “Raúl Reyes”: los suecos confirmaron que esas armas, por el número de serie, habían sido vendidas al ejército venezolano, y han demandado explicaciones a Chávez.
Al mismo tiempo, y como una respuesta al cierre de la base ecuatoriana de Manta, Álvaro Uribe ha iniciado negociaciones con la Administración Obama, para dar mayores facilidades de acceso a siete bases al ejército norteamericano (3 de la Fuerza Aérea, 2 de la Marina, y 2 del Ejército: Cartagena, Larandia, Tolemaida, Palanquero (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), y Malambo (Atlántico). No se prevé que el ejército norteamericano vaya a incrementar sus efectivos en Colombia, pero esta negociación sí repercutiría en más ayuda tecnológica y de inteligencia, dos elementos determinantes en la guerra contra las FARC y el narco. Los logros de los últimos tiempos reconocen su deuda con esta ayuda norteamericana, que asciende a unos 400 millones de dólares anuales desde 2001, fecha de la firma del “Plan Colombia”.
El próximo lunes, 10 de agosto, comenzará la reunión de la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito. Pero como Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador desde marzo del año pasado, el presidente Álvaro Uribe se ha lanzado esta semana a una gira por América latina, incluyendo Perú; Chile; Bolivia; Argentina (este miércoles se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión hermética, sin ningún tipo de declaraciones por ninguna de las partes); luego seguirá por Paraguay; Uruguay; y Brasil, para dar explicaciones a los mandatarios de estos países sobre las negociaciones militares con Obama.
Pero tanto Chávez como Correa han visto una excelente oportunidad para girar la atención sobre las acusaciones de financiamiento de campaña y de desvío de armas, y pasan al ataque, afirmando que la decisión de Uribe supone el desembarco del ejército norteamericano, como brazo militar de ocupación, en territorio latinoamericano.
Venezuela ha vuelto a congelar las relaciones con Colombia, y Ecuador, que ya las tiene rotas, ha iniciado una guerra comercial contra su vecino, imponiendo aranceles a unos 1.300 productos de comercio internacional. Y las reclamaciones no terminan en el país fronterizo, Chávez arremetió directamente contra Barack Obama, con dos afirmaciones a cual más preocupante: por un lado, dijo que la instalación de esas bases norteamericanas puede suponer el inicio de una guerra en Sudamérica; y a renglón seguido comunicó que en septiembre de este año firmará con Putin un acuerdo de defensa y de adquisición de armamentos con Rusia.
Toda la legalidad internacional está del lado colombiano, de momento. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (a quien Chávez llama “insulso”) se ha ofrecido a mediar, pero la OEA está en horas bajas y nadie confía demasiado en ella. La Unión Europea ha dado su respaldo a Uribe, y los Estados Unidos también, claro. Y en América latina: Evo Morales y Nicaragua se alinean con el venezolano, sin fisuras; Perú acepta de buen grado la decisión de Uribe; el paraguayo Lugo ha decidido permanecer neutral; la señora Bachelet ha mostrado su prevención; y otro tanto ha manifestado Lula da Silva, a quien no le simpatiza para nada tener siete bases norteamericanas en sus fronteras, y, para más datos, cerca de las reservas petrolíferas brasileras. La presidenta Cristina, por su parte, mantiene su postura muy en reserva, si es que la tiene.
Y este nuevo escenario, en pleno invierno austral, proyecta un termómetro en rápido ascenso.