El último año de las Farc (08 09 12)

El último año de las Farc


La decisión que Juan Manuel Santos ha tomado para enfrentar el problema social, político y de seguridad interna más importante de la historia contemporánea colombiana es una novedad radical. 

Nelson Gustavo Specchia*

Cuando Álvaro Uribe asumió que no podría presentarse a una nueva candidatura, la elección de Juan Manuel Santos para sucederlo fue la garantía de la continuidad del “uribato” (2002-2010).
Continuidad que implicaba un trípode no negociable: la relación estratégica con Estados Unidos, la tensión vecinal con Venezuela y sostener el acoso a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hasta vencerlas por la vía militar.

Uribe afirmó públicamente en todos los actos de campaña que Juan Manuel Santos, por entonces ministro de Defensa, era la garantía de aquel trípode que, a juzgar por la alta popularidad de Uribe, era refrendado por los electores: con “el Gato” Santos nada cambiaría. En todo caso, credenciales conservadoras al delfín no le faltaban: hijo de una de las familias tradicionales de la oligarquía bogotana, tanto por prosapia como por trayectoria personal, era una ficha segura para la derecha.

La quinta pata del gato. 

Sin embargo, temprano comenzó a advertirse la voluntad emancipatoria del primer mandatario respecto de su antecesor y mentor. Y el primero en darse cuenta de ello fue el propio Álvaro Uribe, que reaccionó como un amante despechado: de censor privado pasó a crítico público, y terminó convirtiéndose en un acérrimo opositor.

Denosta a Santos a diario, especialmente mediante las redes sociales (su cuenta en Twitter, @AlvaroUribeVel, tiene casi un millón y medio de seguidores, y en ella se pueden leer entradas como esta, escrita ayer a la mañana: “este es el proceso de entrega de Colombia al terrorismo chavista”).
El encono de Uribe hacia su ex delfín se fundamenta en que este venía con agenda oculta bajo el brazo. En efecto, Santos ha mantenido un buen diálogo con la Casa Blanca, pero en un tenor menos incondicional que Uribe.

El tema de las bases militares para uso exclusivo de los marines , que provocó rispidez en los demás países del continente, se ha congelado; y Santos ha tenido gestos de agenda exterior independiente, como el hecho de viajar a La Habana para dar explicaciones personales a los Castro sobre el veto norteamericano para que Cuba participara en la Cumbre de las Américas de Cartagena, en abril pasado.

En todo caso, y a pesar de cierta heterodoxia, la vinculación prioritaria con el Departamento de Estado norteamericano se ha mantenido. Pero Santos sí que ha cambiado el libreto de las otras dos patas de aquel trípode: Hugo Chávez y –desde esta semana– las Farc.

Respecto del primero, el abrazo de ambos, en mangas de camisa y bajo el retrato de Simón Bolívar, inauguró un nuevo tiempo bilateral, la recomposición de los flujos comerciales, el alivio militar en la frontera y un consecuente aflojamiento de las diatribas verbales del venezolano contra el gobierno de Colombia.

Idealismo periférico. 

Y respecto de las Farc, la decisión que Juan Manuel Santos ha tomado para enfrentar el problema social, político y de seguridad interna más importante de la historia contemporánea colombiana es una novedad radical, y una auténtica sorpresa.

En la década de 1990, tuvo influencia una mirada teórica sobre las relaciones internacionales que dio en denominarse “realismo periférico”, y que tuvo entre sus cultores al profesor argentino Carlos Escudé, cercano entonces al menemismo.

Esta perspectiva entendía que la política exterior de los países marginales debe evitar la confrontación con los lineamientos globales de las potencias, concebir a la autonomía no tanto como libertad de acción, sino como el balance de los costos de utilización de esa libertad. De esta teoría se desprendieron los alineamientos con Washington (que en algunos casos llegaron a ser “relaciones carnales”).

Santos ha decidido apostar por una metodología diferente a la preferida por la Casa Blanca para enfrentar a la guerrilla. Una dirección que –en contraposición con la tesis de Escudé– podríamos explicar como “idealismo periférico”.

En nuestro libro El último año de las Farc: conflicto, guerrilla y búsqueda de paz en Colombia (Córdoba, Educc, 2010) propusimos una revisión crítica de los métodos con que se ha intentado zanjar el enfrentamiento social colombiano, y sostuvimos que más temprano o más tarde habría que sentarse a negociar con las guerrillas frente a frente, ofreciéndoles la salida de su incorporación a la vida política institucional (como lograron hacerlo en El Salvador) a cambio 
del abandono de la vía armada. Esa fue la alternativa que Juan Manuel Santos sopesó, y terminó escogiendo.

Ahora sabemos que los encuentros preliminares han sido numerosos, y comenzaron poco después de haber accedido Santos a la primera magistratura. Eso demuestra que llegó al gobierno ya convencido de abrir el camino del diálogo (y también da la razón a Uribe, de que venía con agenda oculta).

La manifestación pública de “Timochenko”, actualmente a cargo de la comandancia militar guerrillera, de llegar a las negociaciones de Oslo y de La Habana “sin condicionamientos ni rencores”, prueba que también las Farc asumen la necesidad de habilitar un nuevo tiempo político, ya agotada la vía militar insurgente.

Será un camino arduo, largo y difícil, pero la guerrilla más vieja del mundo y la última de América latina, símbolo de un tiempo felizmente superado, se acerca a la normalización política.



*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba)

LA VOZ DEL INTERIOR, Opinión, sábado 8 de septiembre de 2012. 

Twitter:   @nspecchia




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Colombia: Un futuro del color del café (29 04 10)

Colombia: Un futuro del color del café

por Nelson Gustavo Specchia

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Para la derecha colombiana, el futuro pinta negro. Y esto es una sorpresa en un escenario que auguraba, con los altos índices de aceptación de las postrimerías del gobierno de Álvaro Uribe, una continuidad sin mayores tropiezos. Pero la línea continuista ha recibido diversos golpes, y los analistas ya descartan una victoria clara en la primera vuelta, el 30 de mayo. Cuanto menos, habrá que esperar al ballotage del 20 de junio, y tampoco para entonces se vislumbra ninguna ficha segura.

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El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, largó montado en el caballo del comisario. Pero entre la reaparición de algunos cabecillas de las fuerzas paramilitares; la divulgación de la utilización de los grupos paramilitares por parte del gobierno; las pruebas de la connivencia entre militares, fuerzas de seguridad, y paramilitares en una red mafiosa orientada hacia objetivos políticos; y el hecho de que informes internacionales muy confiables afirmen que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen activas y hasta hayan incrementado su poder en los últimos años, ha colmado el vaso. La sumatoria de escándalos ha descabalgado al candidato elegido por Uribe para sucederlo, y ha hecho ascender a otros personajes, como Antanas Mockus, que de golpe aparece como favorito en las encuestas. Una patada al tablero del poder conservador en Colombia, y la apertura de una campaña con final incierto.
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La construcción del “uribismo”
La transformación de un futuro promisorio en un frente negro para la derecha comenzó cuando el propio presidente Álvaro Uribe Vélez fue derrotado por los jueces. Uribe pretendía utilizar la alta tasa de aceptación popular para forzar un tercer mandato; había llegado incluso a apelaciones místicas, se refería a la posibilidad de presentarse nuevamente como candidato como la “encrucijada de su alma”, que confiaba Dios le ayudaría a resolver. Si Dios lo ayudó, fue negándole tal posibilidad, a través de un dictamen judicial. Por 7 votos contra 2, la Corte Constitucional cerró el último viernes de febrero un año de incertidumbre y medias tintas. Uribe no podría llamar a una consulta popular para presentarse a un tercer mandato. La derrota impuesta por los tribunales obligó al uribismo a definir rápidamente un candidato de sucesión.
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Álvaro Uribe, hijo de un dirigente conservador presuntamente asesinado por las FARC, concentrado en un discurso fuerte en la seguridad ciudadana y contra la insurgencia revolucionaria, se convirtió en presidente de Colombia en 2002. No era un improvisado en la vida política nacional: desde la municipalidad de Medellín, a comienzos de los años ochenta, hizo un largo cursus honorum (dos veces alcalde, concejal, senador y gobernador de Antioquía) hasta llegar a Bogotá. Y uno de sus primeros actos de gobierno fue reformar la Constitución, en 2004, para abrir las puertas a la reelección. Pero en aquel momento se conformó con una.
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Así, Uribe obtuvo un segundo período en 2006, ganando en primera vuelta, e incluso aumentando su caudal de apoyo al 62 por ciento. Los colombianos estaban hartos de violencia e inseguridad, y el presidente les aseguró que terminaría con las FARC, como había terminado con los paramilitares de extrema derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Mantuvo ese alto nivel de aceptación, e incluso por momentos se superó a sí mismo, como cuando las FARC liberaron a Ingrid Betancourt, hace dos años. Los colombianos parecían aceptar su estrategia de mano dura, denominada “seguridad democrática”. Apoyado en esos altos índices de popularidad, Uribe confió hasta último momento que la encrucijada del alma terminaría, naturalmente, decantándose por el camino corto de una nueva reelección. El fallo del Tribunal Constitucional le cerró esa alternativa. Y, además, comenzaron los escándalos.
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Una historia poco clara
En el convencimiento de que la lucha contra las FARC justificaba los métodos, inclusive los arriesgados, Uribe ordenó a su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el bombardeo de un campamento guerrillero ubicado en suelo ecuatoriano. La violación de la soberanía enardeció al gobierno –nada amigable con Uribe, por otra parte- de Rafael Correa, y el venezolano Hugo Chávez vio la posibilidad de alimentar con hechos justificados su discurso belicista contra el colombiano. En su programa televisivo “Aló, presidente”, Chávez ordenó en cámara la movilización de tanques a la frontera con Colombia. Para completar el distanciamiento con sus pares latinoamericanos, Uribe puso a disposición del ejército norteamericano la utilización de bases en territorio colombiano. Además, dejó de ir a las cumbres regionales; concurrió a Bariloche –por la solicitud expresa de la presidenta argentina Cristina Fernández- sólo para escenificar en directo, por la televisión, su fría relación con los demás jefes de Estado.
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Al enfrentamiento internacional con los vecinos, que puso a la región peligrosamente cerca de un nuevo conflicto armado, comenzaron a sumársele noticias de un derrotero poco claro en el ámbito interno. Escandalizó la publicación de las relaciones entre funcionarios gubernamentales con los paramilitares supuestamente desmovilizados, conocida como la “parapolítica”, que mostraban un lado para nada transparente de la totalidad de la gestión de Álvaro Uribe.
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Y en los últimos días, ya nominado Juan Manuel Santos como el hombre designado por el presidente para sucederlo en el Palacio de Nariño, esta espiral de escándalos no ha hecho sino extenderse en todos los sentidos. Los espías del servicio secreto dependiente de la presidencia (el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) fueron descubiertos pinchando teléfono (“chuzando”, dicen en Bogotá) de políticos opositores, de periodistas y hasta de jueces. Las escuchas telefónicas, que hoy investiga la Fiscalía, habrían servido para filtrar datos hacia los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, que, según parece, permanecen en activo y al servicio del poder. El vínculo estrecho entre fuerzas de seguridad y paramilitares irregulares fue confirmado por el ex dirigente de las AUC Salvatore Mancuso, desde una cárcel norteamericana. Mancuso, además de lanzar una nueva bomba contra el candidato de Uribe (dijo que Santos le había propuesto encabezar un golpe de Estado contra el ex presidente Ernesto Samper), afirmó que la alianza entre las AUC, el ejército y los espías del DAS es estrecha y continua.
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Las palabras de Mancuso tienen, lamentablemente, asidero: el gobierno de Uribe afirma que ha desmovilizado a las AUC a través de las negociaciones de paz, sin embargo la OEA sostiene que de los 31.000 paramilitares desmovilizados, más de 7.000 han regresado a las armas, al narcotráfico, a la extorsión, y otras buenas ocupaciones relacionadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, acaba de publicar que la guerrilla insurgente de las FARC tampoco ha sido desactivada, como repite Uribe en cada tribuna, sino que sigue siendo un polo activo orientado a la lucha política, e inclusive que se habría fortalecido en el último año.
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Y llega Mockus
Y cuando esta confluencia de escándalos arrincona al gobierno y a su principal candidato, aparece Antanas Mockus y se convierte en personaje y en suceso. Un “tsunami verde”, dice la prensa. Académico, profesor, pensador, filósofo y matemático, con sus lentes de estudiar mucho, su pelo blanco y su andar descuidado, Mockus aparece como la antítesis de los envarados y conservadores dirigentes de la derecha gubernamental. Esta semana, tras los primeros debates televisivos, el cruce entre los escándalos del oficialismo y la novedad de su imagen lo han catapultado al primer lugar en las encuestas de preferencia de voto, un sitial de donde nadie esperaba que fuera a moverse Juan Manuel Santos.
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Ex rector de la Universidad de Colombia, Antanas Mockus, descendiente de lituanos, acumuló experiencia política en sus dos períodos como intendente de Bogotá. Su discurso, sin embargo, no es el del político tradicional, sino una mezcla de profesor que explica todo y activista de organizaciones de base. Y no tiene demasiados complejos, ya es una anécdota recurrida su respuesta a una protesta estudiantil que no le permitía dictar una conferencia: se bajó los pantalones y les mostró su retaguardia. Logró callarlos, aunque le costó el puesto de rector.
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Más allá de estas notas de exotismo, Mockus parece haber sido un buen gobernante en la ciudad capital de Colombia. Su postura es la del respeto por las reglas de juego, la transparencia, y el fin de la mano dura. Con el Partido Verde por fuera de las tradicionales divisiones del escenario político colombiano, su propuesta de un gobierno de legalidad democrática, con fuerza ética y diálogo, podría ser el bálsamo que Colombia, uno de los países históricamente más violentos de toda América latina, esté necesitando.
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Cumbres del Norte, cumbres del Sur (13 08 09)

Cumbres del Norte, cumbres del Sur

por Nelson Gustavo Specchia

Profesor de Política Internacional de la Universidad Católica de Córdoba

El lunes de esta semana América estuvo inmersa en un “tiempo de cumbres”: mientras en Guadalajara el presidente mexicano, Felipe Calderón, oficiaba de anfitrión frente a sus dos colegas del Nafta (North American Free Trade Agreement - Tratado de Libre Comercio de América del Norte), Barack Obama y el canadiense Stephen Harper, algunos kilómetros al sur, en Quito, Rafael Correa recibía a los presidentes de los países integrantes de la Unasur - Unión Sudamericana de Naciones. Y en la capital ecuatoriana eran tan importantes las presencias de los líderes latinoamericanos, como la ausencia de uno de ellos: Álvaro Uribe, presidente de Colombia.

Una ausencia no sólo significativa, sino que además determinante, y para ambas Cumbres. Porque explícitamente en la del Sur, pero también –implícitamente- en la del Norte, en el centro de las agendas destacaba el tema “estrella” de la política internacional a nivel continental: la instalación –o no- de unidades del ejército norteamericano en bases colombianas.

En Guadalajara, Calderón enfrentaba, como podía, la reunión con sus pares: su principal objetivo era que no lo sacaran del Nafta, aunque la diferencia de escalas entre la economía mexicana y las otras dos sea abismal, lo que convierte al acuerdo entre dos gigantes y un enano en uno de los tratados de libre comercio más desequilibrados de la historia. En segundo lugar, Calderón esperaba que los cien millones de dólares que Obama le ha prometido para luchar contra el narcotráfico ya estuvieran en la mesa, pero estas partidas siguen detenidas en las comisiones del Congreso norteamericano, que no ve muy claro los métodos mexicanos para llevar adelante esa guerra interna. Stephen Harper, por lo demás, le dio la ducha fría al mexicano con la reimplantación del visado para viajar a Canadá. Ante la falta de buenas nuevas de relevancia, el tema de las bases en Colombia fue tratado extensamente.

El mismo tema nucleaba la reunión de Quito. Evo Morales pedía, en nombre del bloque del Alba - Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, una condena a Colombia. Y Hugo Chávez volvía a anunciar el supuesto riesgo de una confrontación armada en suelo sudamericano, en el caso de que las bases se volvieran operativas para los “marines” de los Estados Unidos. Uribe, en su mini gira de la semana pasada por varios países integrantes de la Unasur no cosechó grandes éxitos, pero, a la vista de lo sucedido en Quito, logró neutralizar en parte la andanada. No hubo condena, como pedía Evo, y se programó una nueva reunión de emergencia de la organización, esta vez con la presencia del presidente colombiano. En estas dos resoluciones, sorprendió el protagonismo y las posturas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tradicionalmente, la Presidenta se siente cómoda cerca de las posiciones del grupo chavista, pero el lunes puso las notas moderadas de la reunión de Quito: se opuso a la condena solicitada por Morales, reprendió a Chávez por su belicosidad y tremendismo, y ofreció el suelo argentino para una nueva reunión, en la que estuviera Uribe. Cristina Fernández consultó con el presidente colombiano, éste no puso ningún reparo para asistir a una convocatoria liderada por ella, y la reunión de emergencia se llevará a cabo en Bariloche, con el espectacular marco del lago Nahuel Huapi en invierno, y dentro de pocos días: el próximo viernes 28 de agosto.

Estructuralmente, a pesar del llamado de atención de la presidenta argentina al venezolano, las cosas no han cambiado demasiado, y la alianza estratégica entre ambos no sólo se mantiene, sino que se profundiza: desde Quito, Cristina voló a Caracas, firmó con Hugo Chávez una nueva serie de acuerdos bilaterales de comercio, y reemplazó a Colombia como proveedora de productos de exportación hacia Venezuela, desde alimentos, pasando por automóviles, y hasta maquinaria pesada. Así, el empresariado argentino es, hasta el momento, el sector más favorecido por el conflicto de las discutidas bases colombianas.

Si todo hubiera ocurrido con el previsible guión con que se venía interpretando la partitura de la política exterior latinoamericana, ese rol le hubiera correspondido al presidente brasilero Luiz Inácio da Silva, Lula, que desde hace tiempo viene bregando para que la preeminencia natural de su personalidad, y el peso específico de su país en el contexto regional, supongan su papel de árbitro entre la “pro-yanqui” Colombia y los gobiernos progresistas que la rodean. Y desde ese papel de réferi, de “primus inter pares”, proponer al mundo un polo de poder latinoamericano, cuya titularidad, claro está, habría de ejercer el propio Lula.

Pero el lunes pasado, en Quito, todos se salieron del guión. La presidenta Cristina esta vez le ha arrebatado –y por sorpresa- el protagonismo y la iniciativa. Álvaro Uribe ha dejado claro que la única alianza estratégica que le interesa es la norteamericana. Y Barack Obama, a pesar de ser tan políticamente correcto, no puede rechazar –por mucho que truene Chávez- el ofrecimiento de siete puntos de defensa militar servidos en bandeja.

Quizá la primera baja en el conflicto de las bases colombianas sea, precisamente, el proyecto de liderazgo regional del carismático Lula da Silva.

El termómetro político de los Andes

El termómetro político de los Andes

por Nelson Gustavo Specchia

Toda la región andina no deja de levantar temperatura política en este invierno austral. Comenzó a subir la semana pasada, cuando salieron a la luz las aportaciones de las FARC, en un monto cercano al medio millón de dólares, a la última campaña presidencial ecuatoriana. Sin que esos aires se hayan calmado (Rafael Correa ya no niega los aportes, pero aduce que fueron realizados a sus espaldas), esta semana tomó estado público la tenencia de armas sofisticadas del ejército venezolano por parte de aquella misma guerrilla colombiana tan generosa en sus aportaciones a las campañas de los candidatos de los países vecinos.

Las FARC siempre se ha mostrado muy en consonancia con el discurso y los objetivos socialistas del presidente venezolano Hugo Chávez, y este entrecruzamiento de vínculos entre la guerrilla; Ecuador; las armas venezolanas; las negociaciones entre el presidente Álvaro Uribe para el uso de bases colombianas por parte del ejército norteamericano; los fracasos de la OEA como mediadora en los conflictos centroamericanos; Honduras con dos presidentes; y Evo Morales, en esta parte de los Andes, reconvirtiendo unos doscientos municipios en “autonomías indígenas”; levantan la temperatura a cotas de riesgo, al amenazar con el inicio de una situación crítica de múltiples aristas.

Las FARC, cada vez más debilitadas y sitiadas militarmente, han reforzado los vínculos con el liderazgo político más afín (especialmente Chávez y Correa), y han aumentado el financiamiento y la provisión de armamento con las redes de tráfico de cocaína. El haber encontrado lanzacohetes AT-4, suecos, en un campamento de las FARC, se combinó con cierta información de las computadoras incautadas en el ataque –en territorio ecuatoriano- al líder guerrillero “Raúl Reyes”: los suecos confirmaron que esas armas, por el número de serie, habían sido vendidas al ejército venezolano, y han demandado explicaciones a Chávez.

Al mismo tiempo, y como una respuesta al cierre de la base ecuatoriana de Manta, Álvaro Uribe ha iniciado negociaciones con la Administración Obama, para dar mayores facilidades de acceso a siete bases al ejército norteamericano (3 de la Fuerza Aérea, 2 de la Marina, y 2 del Ejército: Cartagena, Larandia, Tolemaida, Palanquero (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), y Malambo (Atlántico). No se prevé que el ejército norteamericano vaya a incrementar sus efectivos en Colombia, pero esta negociación sí repercutiría en más ayuda tecnológica y de inteligencia, dos elementos determinantes en la guerra contra las FARC y el narco. Los logros de los últimos tiempos reconocen su deuda con esta ayuda norteamericana, que asciende a unos 400 millones de dólares anuales desde 2001, fecha de la firma del “Plan Colombia”.

El próximo lunes, 10 de agosto, comenzará la reunión de la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito. Pero como Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador desde marzo del año pasado, el presidente Álvaro Uribe se ha lanzado esta semana a una gira por América latina, incluyendo Perú; Chile; Bolivia; Argentina (este miércoles se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión hermética, sin ningún tipo de declaraciones por ninguna de las partes); luego seguirá por Paraguay; Uruguay; y Brasil, para dar explicaciones a los mandatarios de estos países sobre las negociaciones militares con Obama.

Pero tanto Chávez como Correa han visto una excelente oportunidad para girar la atención sobre las acusaciones de financiamiento de campaña y de desvío de armas, y pasan al ataque, afirmando que la decisión de Uribe supone el desembarco del ejército norteamericano, como brazo militar de ocupación, en territorio latinoamericano.

Venezuela ha vuelto a congelar las relaciones con Colombia, y Ecuador, que ya las tiene rotas, ha iniciado una guerra comercial contra su vecino, imponiendo aranceles a unos 1.300 productos de comercio internacional. Y las reclamaciones no terminan en el país fronterizo, Chávez arremetió directamente contra Barack Obama, con dos afirmaciones a cual más preocupante: por un lado, dijo que la instalación de esas bases norteamericanas puede suponer el inicio de una guerra en Sudamérica; y a renglón seguido comunicó que en septiembre de este año firmará con Putin un acuerdo de defensa y de adquisición de armamentos con Rusia.

Toda la legalidad internacional está del lado colombiano, de momento. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (a quien Chávez llama “insulso”) se ha ofrecido a mediar, pero la OEA está en horas bajas y nadie confía demasiado en ella. La Unión Europea ha dado su respaldo a Uribe, y los Estados Unidos también, claro. Y en América latina: Evo Morales y Nicaragua se alinean con el venezolano, sin fisuras; Perú acepta de buen grado la decisión de Uribe; el paraguayo Lugo ha decidido permanecer neutral; la señora Bachelet ha mostrado su prevención; y otro tanto ha manifestado Lula da Silva, a quien no le simpatiza para nada tener siete bases norteamericanas en sus fronteras, y, para más datos, cerca de las reservas petrolíferas brasileras. La presidenta Cristina, por su parte, mantiene su postura muy en reserva, si es que la tiene.

Y este nuevo escenario, en pleno invierno austral, proyecta un termómetro en rápido ascenso.

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Ingrid Betancourt, después de la sorpresa y el festejo

INGRID BETANCOURT

DESPUÉS DE LA SORPRESA Y EL FESTEJO

Por Nelson Gustavo Specchia

Tras siete años y cuatro meses enterrada en las inmensidades de la selva del Guaviare, el 2 de julio Ingrid Betancourt ha vuelto al mundo, y así como en los últimos años se había convertido en el símbolo de la sinrazón de unos métodos políticos de oprobio, en un par de semanas, en las que no ha abandonado la primera plana de los diarios de medio mundo, se ha erigido en un nuevo símbolo: el que anticipa, quizás, el inicio del fin de las Farc, el último de los movimientos armados que persisten en una América latina que afianza los regímenes democráticos formalizados.

Pasados los primeros momentos, de una sorpresa genuina, de un muy razonable gozo social, y de la efusión mediática cercana al espectáculo de un ‘reality show’, creo que es necesario enfocar el análisis político internacional en –al menos- tres perspectivas que tendrán una incidencia profunda en el futuro de la región: en primer lugar, la evaluación crítica de los roles y posturas de los líderes latinoamericanos abiertamente enfrentados (hasta ahora, al menos, ya que estamos presenciando rápidos giros en algunos de ellos) a la gestión de Álvaro Uribe; en segundo lugar, la atención al papel de los actores extra regionales, especialmente del espacio que intentó ocupar el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y los alcances y continuidades de la alianza entre Colombia y los Estados Unidos. Por último, cómo incidirá la enorme aceptación del pueblo colombiano de la vía adoptada por la administración Uribe en la ‘Operación Jaque’, que coloca las mediciones positivas del presidente en torno al 90 por ciento, en la proyección de su continuidad en el poder, y en las estrategias que asumirán a partir de ahora las propias Farc.

Ingrid Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero de 2002, cuando se encontraba en campaña para competir por la presidencia de Colombia, y cuando decidió, bajo su propio riesgo, penetrar en una zona dominada por la guerrilla. Seis meses después, el 7 de agosto, Álvaro Uribe asumió la primera magistratura colombiana, y declaró que el firme objetivo de su gobierno sería combatir a la insurgencia armada de las Farc –que dominaban por entonces una porción sustantiva del territorio nacional- con las herramientas del Estado de derecho. La principal interpretación de esta estrategia del nuevo mandatario apuntó al reforzamiento de la alianza militar (especialmente en las áreas de tecnología e inteligencia) con el ejército norteamericano, al tiempo que tendió al desmantelamiento de las fuerzas paramilitares, desde las cuales se había combatido a la guerrilla por fuera de la legalidad institucional.

La presión internacional para que Uribe negociara con las Farc (esto es, que renunciara a cualquier alternativa de vía militar en el rescate de rehenes) fue encabezada por el presidente francés. De alguna manera, Sarkozy se sumó, desde Europa, a la campaña constante de descalificación del mandatario colombiano, que en Sudamérica tuvo como principal vocero a Hugo Chávez en sus continuas andanadas verbales llenas de epítetos gruesos (llegando a la movilización de tropas hacia la frontera con Colombia, mediante una orden dictada al ejército desde su programa de televisión); a Evo Morales; y a Rafael Correa (en este caso, con la tensión agravada por la incursión militar colombiana en la frontera con Ecuador, que acabó con la muerte del comandante de las Farc Raúl Reyes, el 1 de marzo de este año). La Presidencia y la Cancillería argentina, por el contrario, mantuvieron una postura de atención responsable, involucrándose cuando le era requerido (Cristina Fernández envió al ex presidente Kirchner a la selva, en la fracasada operación de Chávez para rescatar al hijo pequeño de Clara Rojas), se censuró –junto al resto de América latina- la violación de la soberanía ecuatoriana, pero no se presionó indebidamente a la administración de Uribe, señalándole caminos posibles o indicándole vías prohibidas. Ese fue el papel que se adjudicó Sarkozy para sí mismo.

Ya es innegable la predilección del presidente francés por las grandes puestas en escena que lo tengan a él como protagonista, y su insistencia ante Uribe para que no se contemplara ningún tipo de acción militar, sino que se tendiera a los ‘intercambios humanitarios’, llevaron a la postura francesa al borde de la injerencia impropia en los asuntos internos de otro Estado. Sarkozy estuvo detrás de la propuesta de Chávez para que las Farc fueran consideradas como parte beligerante –con status internacional- en lugar de grupo terrorista, y fue cediendo a la presión francesa que el gobierno colombiano liberó al comandante de las Farc Rodrigo Granda el 1 de junio de 2007. Al mismo tiempo, la senadora Piedad Córdoba daba señales a la guerrilla sobre la posibilidad de encontrar refugio en suelo francés, llegado el momento.

Sarkozy comenzó su semestre como presidente de turno de la Unión Europea el 1 de julio, y planificaba utilizar este tiempo al frente de la organización continental para lograr un golpe de efecto en su estrategia de intercambios con la guerrilla, pero Uribe se le adelantó. Aún así, el presidente francés ha permanecido inmutable en el fracaso de su estrategia, y ante las cámaras se arroga el triunfo, nuevamente una puesta en escena: recibe a Ingrid en el Elíseo, besa su mano, le presta su médico.

Frente a este aprovechamiento mediático del presidente Sarkozy, frente a los nuevos acomodamientos de Hugo Chávez (acaba de recomponer las relaciones con Colombia, llama ahora a Uribe su ‘hermano’, y convoca a la desmovilización de las Farc sin condiciones), o frente a las surrealistas conclusiones de Evo Morales (para quien el auténtico héroe de la liberación no es otro que Chávez), el presidente Álvaro Uribe se ha mostrado discreto, casi parco, respetuoso de la legalidad y de las formas democráticas. Por la buena salud republicana de América latina, esperemos que traslade esta actitud suya a las consideraciones sobre una nueva re-reelección presidencial, que violaría las disposiciones constitucionales aunque se intente legitimar en masivos índices de apoyo.

El liderazgo de América latina requiere de buenos presidentes, no de supuestos buenos monarcas populares.