Honduras sin rumbro (03 12 09)

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Honduras sin rumbo

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por Nelson-Gustavo Specchia
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Como era de esperarse, el Congreso de Honduras votó ayer en contra de la restitución en el poder del depuesto presidente Manuel Zelaya, fuera del poder tras el golpe de Estado del pasado 28 de junio, y que ya lleva 74 días cercado por el ejército en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.
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Las delegaciones representantes de Zelaya y del gobierno golpista de Roberto Micheletti habían acordado en octubre, en Costa Rica, que sería el Congreso quien habría de decidir sobre el regreso de Zelaya a la presidencia hasta el 27 de enero, fecha en que teóricamente culminaría su mandato constitucional.
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Zelaya, viendo cómo venía la mano, dio por concluido el acuerdo de Costa Rica el 8 de noviembre, pero Micheletti se aferró a él, y tras las elecciones presidenciales del domingo pasado, en las que ganó Porfirio “Pepe” Lobo, el Congreso le daba el carpetazo final a la vuelta de Zelaya.
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Honduras, así, sigue estirando la cuerda, tanto al interior del país como a nivel internacional. Como se vio en la Cumbre Iberoamericana de Estoril, en Portugal, que acaba de concluir, los países latinoamericanos están polarizados, y las posiciones no tienen visos de acercarse. Todos esperaban una declaración de consenso en Portugal, pero los esfuerzos no dieron ningún fruto, y apenas se emitió una declaración en la que se condena el golpe de Estado y se vuelva apoyar la restitución del depuesto presidente constitucional, sin entrar a considerar el resultado de las elecciones, y el reconocimiento –o no- del nuevo gobierno surgido de ellas.
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Además de los Estados Unidos del presidente Obama, en América latina Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú defienden la legitimidad de las elecciones, mientras que Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela las consideran ilegítimas, porque vendrían a avalar una interrupción autoritaria de un proceso democrático. (Zelaya, por cierto, fue el único presidente ausente en la Cumbre Iberoamericana, por haber sido víctima de un golpe de Estado; fue representado por la canciller de su gobierno destituido, Patricia Rodas). Fuera de América latina, España –y la Unión Europea- hasta ahora no han reconocido el proceso eleccionario ni los candidatos triunfadores.
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Zelaya ha declarado nulas las elecciones, con el apoyo –además de Chávez y los líderes del ALBA- de Lula de Silva, y aquí viene el nuevo elemento de atención: la cuña entre la posición de Brasil y la de los Estados Unidos.
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La brecha entre Brasil y Estados Unidos no puede agrandarse más, y Honduras será el pato de la boda.
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Brasil no ha resuelto una postura definitiva sobre el tema de las bases colombianas para el uso del ejército norteamericano, y recibió con bombos y platillos la visita en Brasilia del presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, precisamente cuando crece las tensiones entre los norteamericanos y los iraníes porque estos últimos se niegan a poner bajo supervisión internacional (o sea, de Occidente) sus desarrollos nucleares. No puede, por eso, jugarse la relación con Obama por Honduras.
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La pequeña Honduras, sin rumbo en su errático destino, en las simpatías y rechazos que ha despertado pone en evidencia el desencuentro internacional de toda la región latinoamericana, un desorden que tuvo su máxima expresión en Portugal, donde ni haciendo equilibrios con las palabras pudo redactarse un comunicado conjunto.
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Honduras ha destapado el tablero real de la política internacional latinoamericana, pero el realismo político terminará jugándole en contra, porque, realizadas las elecciones y habiendo votado el Congreso la no restitución de Zelaya, tras la aceptación del gobierno norteamericano de esta manera de resolver la crisis, la oposición a Micheletti tiene los días contados, como también las posibilidades reales de recomposición de la administración de Zelaya.
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Más temprano que tarde, se acabará aceptando la situación, Honduras tendrá un nuevo gobierno conservador que perpetuará el statu quo, y la democracia latinoamericana habrá perdido una batalla. Cuán importante habrá sido esta batalla perdida para la salud política del futuro de la región, nadie puedo decirlo en estos momentos.
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nelson.specchia@gmail.com


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Honduras en punto muerto (22 10 09)

HONDURAS EN PUNTO MUERTO

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por Nelson Gustavo Specchia

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“Bipolares”, FM Shopping, jueves 22 de octubre de 2009.

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Buen día, Daniel.
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Hemos estado las últimas semanas recorriendo, desde esta tribuna de análisis internacional, distintas y distantes latitudes, donde la realidad mundial de repente saca a la superficie una punta de iceberg, una muestra –a veces violenta, a veces sorpresivamente feliz, siempre frágil y fugaz para los titulares de los diarios y de los periódicos del mundo-, una pequeña muestra, digo, de esas inmensas realidades enterradas que son las características culturales y sociales específicas de cada pueblo.
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Y en este recorrido semanal de los jueves, no habíamos vuelto a poner los ojos en Honduras, en ese pequeño país hermano de centroamérica, de una importancia relativa tan marginal, tan asilada en el concierto internacional, y que se ha colocado en los últimos tiempos en el centro del candelero.
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Recuerdo, hace algunos años, cuando estuve trabajando en Tegucigalpa, en Honduras, para unas misiones de consultoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en aquellos días uno de nuestros temas recurrentes, sobre los que volvíamos una y otra vez con los colegas, discurrían sobre las estrategias para colocar a Honduras, de alguna manera, en la atención de las agencias internacionales. Quién me iba a decir que algunos años más tarde los hondureños encontrarían la manera, lamentablemente tan costosa, de estar en el centro de las noticias.
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Y ¿cómo analizar este momento, este impasse hondureño que, como coinciden tantos analistas, tendrá efectos que no se limitarán a quedar encerrados dentro de las fronteras del pequeño país centroamericano, sino que de una manera o de otra impactarán en la marcha democrática del resto de la región?
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Ayer, 21 de octubre, se cumplió un mes de la sorpresiva vuelta de “Mel” Zelaya y de su atrincheramiento en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Dentro de un mes más, por su parte, están previstas las elecciones que supuestamente vendrían a destrabar el conflicto político, pero que toda la comunidad internacional ya ha advertido que no reconocerá si no está el presidente democrático sentado en su sitial al momento de realizarse el acto electoral.
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El gobierno de facto de Roberto Micheletti, sacudido del statu quo en que había decidido esperar las elecciones, ha perdido la iniciativa política. A pesar de ello y de estar cada día más aislado internacionalmente, ha aceptado las formas del diálogo con los representantes de Zelaya. Pero sólo las formas, porque en las maratónicas reuniones entre ambas partes, que comenzaron el 7 de octubre, el gobierno de facto no se ha movido un ápice. Micheletti juega al gato y al ratón, mientras gana tiempo: aceptó derogar el estado de sitio que decretó cuando Zelaya volvió y lo tomó por sorpresa, pero aún no lo ha hecho; afirmó que castigaría al responsable militar de haber sacado al presidente constitucional en pijama y a punta de fusiles, pero el general Romeo Vásquez sigue siendo el comandante del Ejército; afirma que sus negociadores tienen plenos poderes para pactar con los de Zelaya, pero los desautoriza al final de cada reunión. Micheletti parece decidido a resistir, en soledad, hasta el 29 de noviembre y la instalación de un nuevo gobierno.
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En este juego donde se muestran unas cartas pero las intenciones y los objetivos reales permanecen bien cubiertos y alejados de la mesa de negociaciones, hay que analizar dos elementos de fondo: la posibilidad cierta de una guerra civil, y la legalidad incierta de unas elecciones presidenciales.
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En el primer caso, es evidente que un fracaso rotundo de la mesa de diálogo entre ambas partes podría conducir, sin demasiadas dilaciones, a que el conflicto político se asuma como un enfrentamiento civil violento, en las calles, con consecuencias desgarradoras. Y hay que evitar un derramamiento de sangre. Así como el liderazgo latinoamericano está poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya y su reinstalación en el poder, debe hacerse hincapié en evitar la posibilidad de revertir el golpe de Estado mediante la movilización violenta de los partidarios del presidente depuesto. En un movimiento en ese sentido, y dada la práctica ocupación militar del país, las mayores bajas estarán del lado del pueblo desarmado.
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Por eso declaraciones como las de Daniel Ortega y Hugo Chávez, reunidos en la cumbre del ALBA en Cochabamba el 17 de octubre pasado, no aportan ninguna tranquilidad. Ortega anunció que la resistencia hondureña está buscando armas y campos de entrenamiento en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y Chávez apoyó esta tesis: “que nadie se sorprenda –dijo- si surge un movimiento armado en Honduras.” Estas posturas deben ser descalificadas, por insensatas y alarmistas.
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En segundo término, creo que hay que considerar más a fondo el tema de la legalidad política de las elecciones del mes que viene. La comunidad internacional se niega a reconocer de plano el resultado de estas elecciones, si el presidente Zelaya no ha sido repuesto en su cargo con anterioridad. Esta es la postura más lógica desde la legitimidad constitucional y democrática, pero puede que sea también el punto de negociación, si –abandonando las posturas maximalistas- todos estuvieran dispuestos a ceder algo.
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En estos días, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordaba que en los últimos tiempos todos los conflictos políticos que han encontrado una vía de salida democrática lo han hecho desde procesos electorales organizados por un gobierno de facto. Por definición, dice Castañeda, el proceso fundacional de un régimen democrático que sustituye a uno autoritario proviene de elecciones organizadas por una dictadura o su equivalente, con mayores o menores niveles de negociación, supervisión internacional o unilateralidad del régimen saliente. Y cita a la España posfranquista de 1977, la Argentina de 1983, el Chile de 1988, o la larga lista de países ex comunistas de Europa del Este, donde las elecciones que llevarían a las transiciones democráticas se organizaron gobernando los regímenes autoritarios salientes. Y este podría ser ahora el caso de Honduras.
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Sería deseable, creo, que la comunidad internacional, y muy especialmente los líderes latinoamericanos, se avinieran a negociar un llamado a elecciones organizadas por el gobierno de facto pero fiscalizadas por veedores de la ONU, luego de las cuales el presidente Manuel Zelaya debería recuperar el ejercicio del Poder Ejecutivo, y traspasar el poder a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que ponga paños fríos y reconduzca el proceso político. De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.
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nelson.specchia@gmail.com
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Voces de muerte en Honduras (24 09 09)

VOCES DE MUERTE EN HONDURAS

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Por Nelson Gustavo Specchia
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“Bipolares”, FM Shopping,  24 09 2009

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En días como estos, Daniel, necesitaríamos quizá más de una columna internacional para dar cuenta del mundo. Quizá porque las distancias entre política externa y política, así, sin adjetivos, se va haciendo cada vez más corta, más pequeña.
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La gran cita internacional está en Nueva York, en la 64º Asamblea General de las Naciones Unidas, ese foro donde todos tienen un lugar y unos minutos de micrófono. También estuvo nuestra Presidenta, y usó de ellos. A pesar del extremo aislamiento internacional que vive la Argentina en estos días, Cristina Fernández logró ratificar los puntos más fuertes de la agenda externa del Gobierno: volvió sobre Malvinas, dejó sentada su protesta contra Irán por el tema de los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel, y se unió a la larga seguidilla de líderes latinoamericanos que han vuelto a condenar al gobierno golpista de Honduras y reclaman el cumplimiento del Acuerdo de San José, redactado en hace tres meses por el presidente costarricense Oscar Arias, y que implica la reubicación de Manuel Zelaya en el sillón presidencial.
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Y esta, la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera sido el titular internacional de la semana, si el imprevisible Mel Zelaya no hubiera dado la sorpresa, cumpliendo su palabra, y volviendo a Tegucigalpa entre gallos y medianoche.
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Con este golpe de mano, Zelaya ha atrapado para sí algunos reflectores del globo, en un momento propicio (con los líderes reunidos en la ONU), y quitándole la iniciativa al régimen golpista, que ya había apostado a que la relativamente larga ausencia de Zelaya era –día a día- un paso hacia la consolidación de un statu quo, y con ello llegar a las elecciones presidenciales de fines de noviembre.
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Ahora, el golpe de mano de Zelaya no sólo le ha quitado la iniciativa, sino que, a raíz de los disturbios provocados por la presencia física del presidente legítimo en la capital hondureña, hasta la ONU ha quitado a sus observadores, lo que hará prácticamente inviable mantener la convocatoria a las elecciones generales.
Mientras tanto, una Honduras sellada a cal y canto, por tierra, mar y aire, tomado por la policía y el ejército, con los aeropuertos cerrados y cientos de controles en las fronteras terrestres, es prácticamente un país tomado, donde el toque de queda se renueva cada seis horas paralizando toda actividad, hasta los intercambios comerciales más elementales, y la posibilidad cierta de un baño de sangre crece a cada minuto.
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Con la prolongación del toque de queda, Honduras presentaba un aspecto fantasmal, propio de una mala novela de realismo mágico, cerrada y a oscuras. En la Embajada de Brasil, sin luz eléctrica y sin agua corriente (cosa que también pasa, según denunció la presidenta, en la Embajada de Argentina) Zelaya resiste –hoy ya por tercer día consecutivo- con un grupo de allegados, y asediado tras los muros diplomáticos por un fuerte contingente militar. Además de vigilar estrechamente la embajada brasilera, el régimen de facto desplegó fuerzas militares en cada rincón de los accesos de entrada a la ciudad, en las avenidas y en los principales edificios gubernamentales. No quedó ni un cadete dentro de los cuarteles, todo el Ejército parece estar en las calles.
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Con este panorama, sólo queda esperar un gesto de último momento, para que la mecha no se prenda. Los resultados de una confrontación, dada esta disposición de fuerzas, tendrían un costo humano terrible.
Junto a Cristina Fernández, un conjunto importante de líderes regionales abogaron en la ONU por la restitución de Manuel Zelaya. El primero de ellos fue Lula da Silva, que brinda asilo político a Zelaya, y que reafirma con ello su vocación de poder regional. Lula llegó a proyectar una sombra hacia adelante: “A menos de que exista voluntad política, vamos a presenciar otros golpes como este”, advirtió el brasilero. Y en esa línea siguieron Tabaré Vázquez, Michelle Bachelet, y –profundizándola en adjetivos, según su costumbre- el venezolano Hugo Chávez a su llegada a Nueva York.
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De lo que se trata en esta hora, creemos, es de evitar el derramamiento de sangre. Así como los líderes latinoamericanos están poniendo su empeño en proteger la legitimidad del presidente Zelaya, y la legalidad de su reinstalación en el poder, deben, en este mismo momento, condenar y evitar por todos los medios que se revierta el golpe de Estado de Micheletti con la violencia civil de los partidarios del presidente depuesto, porque allí las muertes y las mayores bajas no estarán del lado del Ejército sino, precisamente, del lado del pueblo desarmado.
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En Honduras no hay alternativa realista a la vuelta, por los canales que sean, a las negociaciones y a la mediación internacional. La coincidencia de posturas de los presidentes en la ONU podría dar ese marco. Micheletti debe dejar el gobierno, Zelaya debe recuperarlo, llamar a elecciones fiscalizadas por veedores de la ONU, no presentarse en ellas como candidato, y habilitar a un gobierno de transición, con legitimidad de origen, que vuelva a poner paños fríos y reconduzca el proceso político en el castigado país centroamericano.
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De lo contrario, la guerra civil será algo más que una hipótesis de trabajo.
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nelson.specchia@gmail.com

El termómetro político de los Andes

El termómetro político de los Andes

por Nelson Gustavo Specchia

Toda la región andina no deja de levantar temperatura política en este invierno austral. Comenzó a subir la semana pasada, cuando salieron a la luz las aportaciones de las FARC, en un monto cercano al medio millón de dólares, a la última campaña presidencial ecuatoriana. Sin que esos aires se hayan calmado (Rafael Correa ya no niega los aportes, pero aduce que fueron realizados a sus espaldas), esta semana tomó estado público la tenencia de armas sofisticadas del ejército venezolano por parte de aquella misma guerrilla colombiana tan generosa en sus aportaciones a las campañas de los candidatos de los países vecinos.

Las FARC siempre se ha mostrado muy en consonancia con el discurso y los objetivos socialistas del presidente venezolano Hugo Chávez, y este entrecruzamiento de vínculos entre la guerrilla; Ecuador; las armas venezolanas; las negociaciones entre el presidente Álvaro Uribe para el uso de bases colombianas por parte del ejército norteamericano; los fracasos de la OEA como mediadora en los conflictos centroamericanos; Honduras con dos presidentes; y Evo Morales, en esta parte de los Andes, reconvirtiendo unos doscientos municipios en “autonomías indígenas”; levantan la temperatura a cotas de riesgo, al amenazar con el inicio de una situación crítica de múltiples aristas.

Las FARC, cada vez más debilitadas y sitiadas militarmente, han reforzado los vínculos con el liderazgo político más afín (especialmente Chávez y Correa), y han aumentado el financiamiento y la provisión de armamento con las redes de tráfico de cocaína. El haber encontrado lanzacohetes AT-4, suecos, en un campamento de las FARC, se combinó con cierta información de las computadoras incautadas en el ataque –en territorio ecuatoriano- al líder guerrillero “Raúl Reyes”: los suecos confirmaron que esas armas, por el número de serie, habían sido vendidas al ejército venezolano, y han demandado explicaciones a Chávez.

Al mismo tiempo, y como una respuesta al cierre de la base ecuatoriana de Manta, Álvaro Uribe ha iniciado negociaciones con la Administración Obama, para dar mayores facilidades de acceso a siete bases al ejército norteamericano (3 de la Fuerza Aérea, 2 de la Marina, y 2 del Ejército: Cartagena, Larandia, Tolemaida, Palanquero (Cundinamarca), Málaga (Pacífico), Apiay (Meta), y Malambo (Atlántico). No se prevé que el ejército norteamericano vaya a incrementar sus efectivos en Colombia, pero esta negociación sí repercutiría en más ayuda tecnológica y de inteligencia, dos elementos determinantes en la guerra contra las FARC y el narco. Los logros de los últimos tiempos reconocen su deuda con esta ayuda norteamericana, que asciende a unos 400 millones de dólares anuales desde 2001, fecha de la firma del “Plan Colombia”.

El próximo lunes, 10 de agosto, comenzará la reunión de la UNASUR – Unión de Naciones Sudamericanas, en Quito. Pero como Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Ecuador desde marzo del año pasado, el presidente Álvaro Uribe se ha lanzado esta semana a una gira por América latina, incluyendo Perú; Chile; Bolivia; Argentina (este miércoles se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una reunión hermética, sin ningún tipo de declaraciones por ninguna de las partes); luego seguirá por Paraguay; Uruguay; y Brasil, para dar explicaciones a los mandatarios de estos países sobre las negociaciones militares con Obama.

Pero tanto Chávez como Correa han visto una excelente oportunidad para girar la atención sobre las acusaciones de financiamiento de campaña y de desvío de armas, y pasan al ataque, afirmando que la decisión de Uribe supone el desembarco del ejército norteamericano, como brazo militar de ocupación, en territorio latinoamericano.

Venezuela ha vuelto a congelar las relaciones con Colombia, y Ecuador, que ya las tiene rotas, ha iniciado una guerra comercial contra su vecino, imponiendo aranceles a unos 1.300 productos de comercio internacional. Y las reclamaciones no terminan en el país fronterizo, Chávez arremetió directamente contra Barack Obama, con dos afirmaciones a cual más preocupante: por un lado, dijo que la instalación de esas bases norteamericanas puede suponer el inicio de una guerra en Sudamérica; y a renglón seguido comunicó que en septiembre de este año firmará con Putin un acuerdo de defensa y de adquisición de armamentos con Rusia.

Toda la legalidad internacional está del lado colombiano, de momento. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza (a quien Chávez llama “insulso”) se ha ofrecido a mediar, pero la OEA está en horas bajas y nadie confía demasiado en ella. La Unión Europea ha dado su respaldo a Uribe, y los Estados Unidos también, claro. Y en América latina: Evo Morales y Nicaragua se alinean con el venezolano, sin fisuras; Perú acepta de buen grado la decisión de Uribe; el paraguayo Lugo ha decidido permanecer neutral; la señora Bachelet ha mostrado su prevención; y otro tanto ha manifestado Lula da Silva, a quien no le simpatiza para nada tener siete bases norteamericanas en sus fronteras, y, para más datos, cerca de las reservas petrolíferas brasileras. La presidenta Cristina, por su parte, mantiene su postura muy en reserva, si es que la tiene.

Y este nuevo escenario, en pleno invierno austral, proyecta un termómetro en rápido ascenso.

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Honduras, ¿últimas horas de paz?

Honduras, ¿últimas horas de paz?

por Nelson Gustavo Specchia



A algunas cosas nos hemos habituado rápidamente en América latina. Después de esos años terribles que cruzaron en horizontal el calendario político del siglo XX, donde el terror llegó inclusive a ser una política de Estado, la lenta y progresiva recuperación democrática de los últimos treinta años nos ha dejado en un punto donde damos por seguros algunos elementos del sistema político, como si fueran naturales, sólidos y permanentes; cuando en realidad su presencia entre nosotros ha sido excepcional en la historia, y sólo muy recientemente se han agregado como constitutivos del quehacer sociopolítico cotidiano.

La permanencia de las instituciones y de la estabilidad democrática es uno de esos elementos. Y la paz social, indisociablemente unida a él, es el otro elemento.

Honduras, en estas horas críticas, vuelve a poner en el tapete regional latinoamericano esta cuestión central. En Honduras no se juega solamente la vuelta de Mel Zelaya al ejercicio del poder ejecutivo, legal y legítimamente obtenido en elecciones democráticas. Se juega la permanencia de esos dos elementos: la continuidad de la consolidación del juego democrático en América latina, y –además- la terrible posibilidad del resurgimiento de la violencia social en un país de la región.

El anuncio del “fracaso” del diálogo por las partes hondureñas involucradas, y de la mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, han disparado una posibilidad que venía vislumbrándose durante los últimos días, pero de la que nadie quería dar crédito: el muy posible enfrentamiento entre el Ejército leal al gobierno de facto de Roberto Micheletti, y los colectivos sociales que insisten en su apoyo al presidente depuesto, Manuel Zelaya.

A estas alturas, luego de la lectura de la última propuesta de Oscar Arias, y las actitudes de rechazo de ambas partes, puede objetivamente estallar una guerra civil en Honduras. Si ello finalmente ocurriera, se habría comenzado a saldar con violencia y sangre un conflicto que tuvo todas las herramientas democráticas en la mano para canalizarse

Pero esas herramientas se han ido dejando paulatinamente de lado, al tiempo que la tensión no ha dejado de crecer con cada momento. Los hondureños han vivido estas semanas entre las manifestaciones permanentes durante las horas de luz, tanto las organizadas por el gobierno de facto como por los seguidores del gobierno depuesto, y la calma impuesta por el toque de queda durante las noches.

La paciencia que pide Arias, casi en el borde de las posibilidades de su intervención, se contesta con el entusiasmo en aumento que convoca la llamada a la "insurrección" realizada por Mel Zelaya.

Y, si se da el caso, hay armas para alimentar esa insurrección: los datos oficiales reconocen que un tercio de los casi ocho millones de hondureños tienen armas en sus casas; y las que no se registran serían muchas más. Cuando estuve trabajando en el interior de Honduras, en misiones de cooperación internacional, nunca dejaban de sorprenderme algunos carteles en los bares y restaurants de provincia: “Prohibido ingresar con armas a la vista”. Y luego están las Fuerzas Armadas, armadas literalmente. Y los grupos y bandas mafiosas, tan crecidas últimamente, que aportarían un porcentaje considerable de armas modernas y de alto poder de fuego en manos de civiles. Por lo que podemos considerar, en cuanto a capacidades, que Honduras es un Estado armado.

Oscar Arias ha trabajado intensamente en las últimas horas para intentar desbloquear la crisis, pero su margen de maniobra se achica ante la negativa rotunda de la delegación del gobierno de facto de reponer a Zelaya, que es el punto central de desencuentro. El gobierno interino de Micheletti ha anunciado que no aceptará ningún documento que incluya la restitución del depuesto presidente, y la segunda ronda de negociaciones en Costa Rica finalizó el domingo sin acuerdos.

Mientras tanto, la administración de facto de Honduras dio el martes 21 un plazo de 72 horas a los diplomáticos venezolanos para abandonar el país, basando su decisión en la supuesta intervención de funcionarios de esa legación en la actual crisis. También llegó a afirmar que el trabajo del mediador Arias constituía una intromisión impropia en los asuntos internos de Honduras. Y una actitud similar se perfila en las respuestas a las presiones que están ejerciendo las diplomacias norteamericanas y de la Unión Europea, con las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y de la comisaria europea de política exterior, Benita Ferrero-Walder. Con estas posturas y decisiones de política internacional, el gobierno interino hondureño está dando elementos para la regionalización del conflicto.

Tras el rechazo de la delegación de Roberto Micheletti, Arias hizo un último intento, y presentó en la noche del miércoles 22 la Declaración de San José, en la que plantea la instauración de un gobierno "de reconciliación" liderado por Zelaya (inclusive propone una fecha concreta para su retorno al país: el viernes 24 de julio), una amnistía general, y la renuncia a cualquier consulta popular para reformar la constitución.

Es el último intento para evitar que la presión acumulada en Honduras entre ambos grupos sociales se desborde por la propia radicalización.

La convivencia política y la paz social son el telón de este escenario. La proyección de ambos hacia el resto de América latina, el horizonte de futuro.

Cuba a las puertas de la OEA

Por Nelson Gustavo Specchia

Una noticia extraña para toda América latina. Después de casi medio siglo apartada del sistema multilateral americano, Cuba ha vuelto a quedar a las puertas de la OEA. La noticia se celebró en muchas Cancillerías, y los ecos en los analistas del continente han sido muy dispares, desde los aplausos a las lamentaciones. Y –en no pocos casos- ha reaparecido la pregunta sobre la conveniencia de mantener funcionando a esta Organización de los Estados Americanos, ya un tanto desfasada con los tiempos y los nuevos climas políticos en la región.

El debate se calienta, además, con el rechazo del régimen cubano a esta mano tendida, que se vive como un triunfo de las diplomacias latinoamericanas frente al Departamento de Estado norteamericano, con la afirmación de Fidel Castro de que Cuba no piensa volver al organismo multilateral.

En San Pedro Sula, en Honduras, los ministros de relaciones exteriores de toda América se han reunido en la XXXIX Asamblea General de la OEA, y por consenso han acordado derogar la suspensión a Cuba, aprobada en 1962, lo que abre la puerta a un posible reingreso de la isla a la organización.

Hace días que en los diferentes ambientes de análisis de política internacional se viene aireando el tema, luego de que el presidente Barack Obama realizara el primer “guiño” hacia el régimen de la isla, antes de subir al avión que lo llevaría a la Cumbre de Trinidad y Tobago, el mes pasado.

El texto de San Pedro Sula es una auténtica prueba de habilidad diplomática, logra sortear los escollos planteados por la posición norteamericana, que intentaba imponer condiciones para la readmisión de Cuba en la organización, básicamente la “carta democrática”; postura a la que se oponía un núcleo duro de países, encabezados por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y Ecuador. El documento sale de este brete, y adopta una vía indirecta, ya que establece que la resolución VI, adoptada en 1962 en la reunión de ministros de relaciones exteriores de Punta del Este, mediante la cual se excluyó a Cuba, “queda sin efecto”. Pero, a renglón seguido, y sin duda por la presión norteamericana, agrega que si el gobierno de Cuba solicita la readmisión a la organización, ésta se dará “de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA”.

O sea: sí pero no. Porque si Cuba solicitase el reingreso, los Estados Unidos podrían invocar la “carta democrática” para impedírselo –o para presionar al gobierno revolucionario-, ya que ésta hace parte de las “prácticas, propósitos y principios” de la organización.

La “carta democrática” no estuvo en los orígenes de la OEA, ni podría haberlo estado por aquellos años (la organización nació en Bogotá el 30 de abril de 1948, sobre las cenizas de la vieja Unión Panamericana, que venía de la primera Conferencia Interamericana, de 1890). La “carta” es de 2001, cuando los regímenes democráticos posteriores a las décadas de dictaduras en la región ya estaban consolidados, fue promovida por los Estados Unidos, y su objetivo es establecer parámetros para el ingreso y permanencia de los miembros en la organización, básicamente las reglas del juego representativo y democrático, de partidos políticos, libertades y garantías.

Cuba, claro está, no entraría en esta categorización. Fidel lo sabe, y curándose en salud, rápidamente, desde su columna en el Granma escribió que Cuba no tiene ningún interés por pertenecer a la OEA, que para él ha sido, desde su creación, “cómplice de todos los crímenes” contra la autodeterminación de los pueblos de América latina, y el “caballo de Troya que permitió la entrada en la región del neoliberalismo, el narcotráfico, las bases militares y las crisis económicas.”

En definitiva, lo que Fidel dice es que la OEA, ésta OEA, no tiene razón de ser. Y no es el único que lo piensa.

La OEA es una creación norteamericana, y el gobierno de los Estados Unidos aporta casi un ochenta por ciento de su presupuesto de funcionamiento; tiene su sede en Washington, cerca de la Casa Blanca; sus propósitos de fortalecer la democracia y asegurar la paz y la seguridad en el continente se vieron burlados una y otra vez por las propias administraciones norteamericanas, con la CIA apoyando los golpes de Estado en América latina, y las invasiones de los marines a la propia Cuba, a Santo Domingo, a Panamá, o a Granada, a lo largo del siglo XX. A nivel de defensa continental estableció el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), pero ni amagó con aplicarlo cuando el ejército británico recuperó las Islas Malvinas por la fuerza. Y en cuanto a la promoción de los Derechos Humanos, otro de los vértices de su existencia, los Estados Unidos no han suscripto el Pacto de San José de Costa Rica, de 1979, por lo que no reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entonces, con estos antecedentes y en este marco, ¿para qué necesitamos a la OEA?

Fidel lo ve claro, por eso termina su columna citando al presidente Rafael Correa. Lo que necesitamos, dice el ecuatoriano, es una OEA sin los Estados Unidos, fuera de Washington, y, por supuesto, con Cuba.

Estos serán los términos del debate que, a nivel del sistema interamericano, se avecina.